El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que su gobierno no hace espionaje.
En su conferencia mañanera de ayer, aseguró que “lo que dices sobre las llamadas [del fiscal Alejandro Gertz ], sólo asegurar que nosotros cancelamos el Cisen, que no se espía a nadie, que no se graban conversaciones telefónicas, como era antes, y que la inteligencia que se tiene es para enfrentar al crimen organizado básicamente, no a opositores, como era antes”.
Esto sería muy loable, si no fuera por algunos pequeños detalles.
Primero, su gobierno no “canceló” el CISEN , solo le cambió el nombre (ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia) y lo movió de la Secretaría de Gobernación a la de Seguridad y Protección Ciudadana. La institución sigue básicamente intacta.
Segundo, el propio presidente contradijo su propia afirmación en el mismo acto. Treinta segundos antes de asegurar que su gobierno no espía a nadie, había señalado que “nosotros tenemos mucha gente que nos informa, millones de ciudadanos inteligentes, que no espías, nos van a seguir haciendo llegar información, los choferes de los fifís, los chefs, compañeros meseros, todos están ayudando, y nos mandan información.”
Dicho de otra forma, el titular del Ejecutivo Federal admite que cuenta con un ejército de informantes que le pasan datos sobre lo que traman a puertas cerradas sus críticos, opositores y adversarios ¿Eso no es espiar?
Algunos dirán que no porque no involucra la intervención de comunicaciones. Pero eso omite un hecho obvio: hay muchas formas de espiar que no requieren medios técnicos. Las agencias de inteligencia se nutren fundamentalmente de reportes, confidencias y testimonios de fuentes humanas (otra manera de llamar a los informantes). El espionaje precede al teléfono por muchos siglos.
Otros dirán que estas personas que le hacen llegar reportes al presidente no son informantes en sentido estricto: no fueron reclutados por una agencia de inteligencia, ni tienen relación con un oficial de caso, ni esperan algún tipo de contraprestación. Son solo partidarios del presidente que hacen llegar información a Palacio Nacional de manera libre y voluntaria.
Vamos a dar esa versión por cierta. Pero surgen de cualquier forma varias preguntas. Supongamos que llega a Palacio Nacional una persona que se identifica como el chofer de Malvado Fifí 1 (pónganle el nombre que quieran) para entregar información sobre los aviesos planes de su jefe en contra del proyecto de transformación.
Ahora, ¿cómo corroboran que la persona en cuestión es en efecto chofer de Malvado Fifí 1? ¿Cómo determinan que sus dichos son ciertos? Si trae documentos o fotos o videos o audios, ¿cómo proceden para saber que son fidedignos? ¿Cómo saben que el asunto no es una treta de Malvado Fifí 1 para hacer resbalar al presidente (a sabiendas de que su pecho no es bodega)?
Aquí hay de dos sopas: 1) el personal de Presidencia pasa toda esa información por el aparato analítico de una agencia de inteligencia, o 2) no hacen nada y le mandan al presidente sin filtro cualquier cosa que llegue a Palacio Nacional , siempre y cuando confirme sus prejuicios.
Si es lo primero, ¿cuál es la diferencia funcional con lo que sucedía en otros sexenios? Para todo fin práctico, da igual si la fuente no fue reclutada proactivamente.
Si es lo segundo, están de miedo.
Entonces hay que decir las cosas por su nombre: el presidente espía a sus opositores. Por confesión propia.
Si solo lo hace mediante el uso de informantes, no es ilegal. Solo un poco ocioso: ¿qué averigua mediante ese método sobre los malvados fifís que no esté disponible en fuentes abiertas? Dudo que mucho, pero cada quien con sus obsesiones.
Twitter: @ahope71