En un año normal, ya serían públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe). También, estaríamos cerca de conocer los datos de la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas (ENVE), un ejercicio que se realiza cada dos años.
Pero en este año se cruzó la pandemia y el Inegi se vio limitado en su capacidad para hacer trabajo de campo. No habrá este año ni Envipe ni ENVE. Eso significa que no vamos a tener algunos datos claves sobre la evolución de la seguridad pública. Solo la falta de la Envipe, nos va a costar no saber sobre:
-El número de delitos cometidos en el país (denunciados o no) y su distribución por entidad federativa (y algunas zonas urbanas)
-El número de víctimas y la tasa de victimización por 100 mil habitantes, tanto a nivel nacional como estatal
-La cifra negra (el porcentaje de delitos no denunciados) y las causas de la no denuncia
-La distribución por tipo de delito (robo, extorsión, fraude, etc.)
-Las características de los delitos (con o sin presencia de la víctima, con o sin agresión física, con o sin armas, por un delincuente individual o por un grupo, etc.)
-El número real de secuestros, el cual ha sido en años previos entre 30 y 40 veces mayor que el número de secuestros denunciados.
-Los costos del delito para las familias mexicanas, tanto directas (las pérdidas económicas para las víctimas del delito) como indirectas (las medidas defensivas que las familias toman para protegerse del delito)
-La percepción de inseguridad, a nivel de la entidad, el municipio y la colonia o localidad.
-El cambio en el comportamiento o los hábitos de las familias (si dejan o no salir a sus hijos a jugar a la calle, si salen o no en la noche, si toman o no un taxi, etc.)
-La confianza de la población en distintas autoridades, desde Ejército hasta policía de tránsito, pasando por jueces y fiscalías.
-El nivel de percepción sobre la corrupción y la calidad del desempeño de diversas autoridades, de nivel federal, estatal o municipal.
-El atestiguamiento de conductas antisociales (beber alcohol o consumir drogas en la vía pública, realizar actos de vandalismo, etc.
Como tampoco vamos a tener ENVE este año, también nos va a faltar conocimiento sobre:
-El número y tamaño de las unidades económicas que son víctimas de delitos, así como su distribución geográfica y sectorial.
Las características de los delitos que se cometen contra las unidades económicas (con o sin presencia de trabajadores, con o sin armas, etc.)
-Alcance y características de la extorsión en contra de empresas
-Los costos del delito para las unidades económicas, así como el tipo de medidas que toman las empresas para defenderse de la actividad criminal (cerraduras, alarmas, cámaras, seguros, etc.)
-El tamaño de la cifra negra en los delitos cometidos contra unidades económicas
-Percepción de inseguridad en las empresas y las actividades que les parecen particularmente riesgosas (transporte de mercancías, transacciones en bancos, etc.)
-La percepción en las empresas sobre la existencia de corrupción y la calidad del desempeño de distintas autoridades.
Esta lamentable (e involuntaria) ausencia de información nos deja con pocos elementos para juzgar lo que ha venido sucediendo en los últimos dos años. Y lleva a apreciar de mejor manera el inmenso valor del trabajo del Inegi en esta materia. Sin sus productos estadísticos, estamos casi a ciegas para entender la evolución de la seguridad en el país.
Por tanto, va mi reconocimiento al Inegi y hago votos para que el año que entra pueda trabajar con algo cercano a la normalidad.
