La sobrepoblación regresa a los penales

Alejandro Hope

El desbordamiento de las prisiones conduce inevitablemente al autogobierno, la corrupción y la violencia. Y esta puede escalar rápidamente

Hace dos meses, el país cruzó un umbral peligroso. Por primera vez desde 2016, hubo más prisioneros que espacios disponibles en el sistema penitenciario nacional.

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) –la instancia que administra los penales federales– publica periódicamente un documento llamado Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria Nacional.

Su edición más reciente mostró números francamente preocupantes: en febrero, había 217,969 personas privadas de la libertad en todos los penales del país, tanto estatales como federales. Ese número empieza a ser un problema, porque a la fecha solo se dispone de 217,016 espacios en los 288 centros penitenciarios contabilizados por el OADPRS.

Eso significa que hay sobrepoblación a nivel del sistema. Hasta antes de la puesta en operación del sistema penal acusatorio, esa era la situación normal. En 2014, por ejemplo, la tasa de sobrepoblación llegó a 23% (es decir, había 123 prisioneros por cada 100 espacios).

Sin embargo, a partir de la puesta en marcha a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal, el escenario cambió rápidamente. Entre 2015 y 2018, el número de personas privadas de la libertad pasó de 247,488 a 197,988. Con eso, el sistema empezó a tener espacios de sobra.

La causa de esa disminución es sencilla y obvia: el sistema penal adoptado en la reforma constitucional de 2008 y puesto en operación en todo el país a partir de 2016 limitó la prisión preventiva oficiosa. En términos prácticos, eso significó que menos personas fueron enviadas a la cárcel a enfrentar un proceso penal. Entre 2015 y 2018, el número de personas sujetas a proceso en las prisiones mexicanas disminuyó 26%.

Pero eso cambió en la actual administración. Con la supuesta intención de combatir la impunidad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado reformas constitucionales para ampliar el catálogo de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Tras dos años y medio, el número de conductas en esa lista se ha triplicado.

El resultado ha sido el esperado: más personas formalmente inocentes, enviadas a prisión a enfrentar un proceso penal. De enero de 2019 a febrero de 2021, el número de procesados, tanto del fuero común como del fuero federal, aumentó 22%. En términos absolutos, eso implica un incremento de casi 17,000 prisioneros. Prácticamente todo el aumento de la población penitenciaria desde el inicio de la actual administración se explica por ese efecto.

Sobra decir que la capacidad del sistema no ha crecido al mismo ritmo que el número de prisioneros. Desde enero de 2020, se han añadido algo más de 1000 espacios en todos los centros penitenciarios. Esa dinámica de aumento del número de personas privadas de la libertad sin expansión de la capacidad no puede más que llevar a la sobrepoblación.

El desbordamiento de las prisiones conduce inevitablemente al autogobierno, la corrupción y la violencia. Y esta puede escalar rápidamente: no sorprendería que empezaran a multiplicarse las riñas, los homicidios o incluso los motines en diferentes centros penitenciarios.

Dicho de otro modo, las reformas de corte altamente punitivo de la actual administración han creado una bomba de tiempo. Y la situación no va sino a empeorar en los próximos años.

Lo trágico es que esto no sorprende en lo más mínimo. Muchos advertimos en su momento que el mayor uso de la prisión preventiva iba a acabar retacando los penales sin mejorar las condiciones de seguridad en las calles. Desgraciadamente, no nos equivocamos. 

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