La Secretaría de Seguridad, el anexo y los datos

Alejandro Hope

Celebro la apertura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a una discusión sobre políticas públicas. Ojalá tengamos más debates de esta naturaleza

El miércoles pasado, comenté en este espacio algunos datos tomados del anexo estadístico del Informe de Gobierno. Esa columna motivó una respuesta de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicada hoy en las páginas de EL UNIVERSAL.

Va mi réplica a sus comentarios:

1. Sobre el número de elementos de la Guardia Nacional, la respuesta confirma lo señalado en mi columna: solo 36,064 personas cobran sueldo y tienen plaza en ese órgano administrativo desconcentrado de la SSPC. Todos los demás son soldados y marinos, comisionados temporalmente en la GN y financiados con presupuesto de Sedena y Semar. No hay duda sobre el particular, como tampoco hay duda de que la ley en la materia señala que, para integrarse a la GN, es necesario “separarse funcionalmente” de su fuerza armada de origen. Ni en la más laxa de las interpretaciones se puede suponer que alguien que tiene plaza y cobra sueldo en una institución está separado funcionalmente de la misma

2. La proyección de homicidios que realiza la Secretaría de Salud con base a los certificados de defunción apunta a un incremento de 9.5% en 2020 con respecto a la estimación de 2019. Repito: el dato está contenido en el anexo estadístico del Informe de Gobierno (p. 218). Si la SSPC no está de acuerdo con esa cifra, sugiero que dirija su queja a las autoridades sanitarias. Pero el dato es el dato.

3. Sobre la población penitenciaria, la SSPC no desmiente lo señalado en mi columna: 1) el número de internos en el sistema penitenciario nacional ha aumentado a partir de 2019, 2) esa tendencia es producto del incremento en el número de internos procesados, no sentenciados, y 3) eso es resultado de las reformas, impulsadas por el actual gobierno, para ampliar el catálogo de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Sobre la sustancia, no hay controversia. Sobre la interpretación, sí: al parecer, la SSPC considera que es una buena noticia y una muestra de eficacia mandar a prisión a más personas inocentes. Porque eso es la prisión preventiva: poner tras las rejas a seres humanos cuya culpabilidad no ha sido demostrada, razón por la cual es una práctica excepcional en la mayoría de los países democráticos. Lo siento, pero no comparto el criterio ético de la Secretaría y no celebro que haya más personas formalmente inocentes en prisión.

4. Sobre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), el hecho concreto y no desmentido es que, de los recursos provenientes del FASP (y los recursos de contrapartida de las entidades federativas), solo se presupuestaron directa y explícitamente 700 mil pesos para el impulso de esa iniciativa. Ahora, la SSPC puede alegar que otros fondos para otros programas sirven transversalmente para impulsar al MNPJC. Puede ser el caso: no dudo que, por ejemplo, los recursos del FASP dedicados a la profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales sean útiles para la adopción del MNPJC. Pero el punto de fondo es que no hay una reorientación de las prioridades presupuestales. Los programas que la SSPC considera relacionados al nuevo modelo recibieron en 2020 más o menos la misma cantidad de recursos que en 2019 o 2018, antes de que existiera formalmente el MNPJC. Insisto entonces en mi diagnóstico: no hay un compromiso real, medido en pesos y centavos, con ese proyecto.

Por lo demás, celebro la apertura de la SSPC a una discusión sobre políticas públicas. Ojalá tengamos más debates de esta naturaleza.

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