La reforma inacabada

Alejandro Hope

Tirar por la borda la reforma al sistema de justicia sería una tragedia gigante

Hace algunos años, la transformación de la justicia penal era un tema centralísimo de la agenda pública en el país.

Muchas organizaciones y muchos recursos se dedicaban a monitorear el cambio hacia un sistema penal acusatorio.

A cinco años de la (supuesta) implementación plena de las reformas, mucho de ese impulso se ha perdido. El proceso se ha burocratizado y ya no genera el mismo entusiasmo que producía en sus etapas tempranas.

Algunos de sus promotores iniciales ven ahora a la reforma con una mezcla de cinismo y desilusión.

No sin razones. México Evalúa acaba de publicar por octavo año consecutivo un documento de hallazgos sobre la implementación de la reforma al sistema de justicia penal. Las conclusiones que arroja el reporte no son alentadoras:

1. La transparencia sigue siendo un pendiente del sistema. Del universo de solicitudes de información enviadas por el equipo de México Evalúa a instituciones estatales y federales de procuración y administración de justicia, solo 22% fueron respondidas.

2. Algunas de las instituciones del sistema sufren de grave abandono. En específico, las defensorías públicas y las comisiones de atención a víctimas sobreviven con muy pocos recursos. Esto genera un serio desequilibrio en el sistema.

3. Las instituciones coordinadoras o de implementación creadas en los estados han perdido relevancia y, en algunos casos, han desaparecido, a pesar de que está lejos de concluir el proceso de transformación de los sistemas estatales de justicia penal.

4. El proceso ha avanzado con poca planeación. Citando del reporte, “once estados integran programas sectoriales con indicadores de desempeño; siete estados realizan planes interinstitucionales y el resto de las entidades federativas simplemente no realizan ejercicios de planeación sistémicos.”

5. La inversión en sistemas informáticos es muy limitada en el sistema de justicia penal. Hay algunas buenas prácticas en algunas entidades federativas, pero para todo fin práctico, la justicia en México sigue siendo un mundo análogo que funciona con toneladas de papel.

6. La información estadística sobre la procuración de justicia sigue siendo limitada, a pesar de algunos avances. Se tienen muchos datos agregados, pero sigue habiendo diferencias marcadas en la manera como las fiscalías reportan la información.

7. El personal que labora en el sector ha crecido, pero de manera muy desigual. Las áreas de litigio no crecen al ritmo de las policías de investigación, por ejemplo. Es decir, la función central de las fiscalías está en el abandono.

8. La priorización de la persecución penal es más una buena intención que realidad. Algunas fiscalías (Nuevo León, Sonora) han generado planes específicos en la materia, pero son la excepción que confirma la regla.

9. La discriminación en contra de las mujeres en el sistema de justicia penal, ya sea como operadoras o como usuarias, sigue siendo sistemática. Por ejemplo, “a las detenidas se les amenaza con hacer daño a familiares, no se registran sus lesiones al momento de la detención, y su privación de la libertad sin sentencia es más común que entre los hombres”.

10. Los ciudadanos tienen un mejor conocimiento de la operación del sistema y de los derechos de los inculpados, pero la confianza en las instituciones de justicia sigue siendo un pendiente enorme.

Todo esto suena burocrático y aburrido, pero es de importancia crucial. Con todos sus bemoles, la reforma al sistema de justicia penal movió al país en la dirección correcta, hacia el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Tirar por la borda ese esfuerzo por falta de liderazgo y recursos sería una tragedia gigante.

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