A excepción de Guerrero y Michoacán, no hay entidad federativa con peor reputación en materia de seguridad que Tamaulipas. Si alguien anuncia que va a viajar al estado, por negocios o turismo, inevitablemente recibe la misma pregunta: “¿Y no es muy peligroso?”.
Esa imagen de territorio sin ley no encaja del todo con las cifras disponibles. A nivel nacional, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), publicada anualmente por el Inegi, 36.5% de los hogares tuvo en 2017 a una víctima de delito entre sus integrantes. En Tamaulipas, el porcentaje comparable fue 21.5%.
De hecho, Tamaulipas tiene, de acuerdo a la Envipe 2018, la quinta menor tasa de victimización (víctimas de delito por 100 mil habitantes) del país. En ese indicador, el estado se ubica 40% por debajo de la tasa nacional y a la mitad, por ejemplo, del nivel de la Ciudad de México.
¿Qué decir de los niveles de violencia? El estado ha sido escenario de hechos terribles (la masacre de San Fernando en 2010, por ejemplo) y tradicionalmente ha tenido niveles de violencia homicida superiores a la media nacional. En 2018, según datos del Inegi, su tasa de homicidio fue de 39 por 100 mil habitantes, contra 29 por 100 mil a nivel nacional. Sin embargo, ese resultado lo ubicó en el décimo sitio entre las entidades federativas, por debajo de estados como Guanajuato, Quintana Roo, Morelos o Zacatecas.
Asimismo, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio disminuyó 29% en el periodo enero-junio de 2019 con respecto a los mismos meses del año pasado.
Tenemos entonces un estado con menos victimización que el promedio y de media tabla en materia de violencia homicida. Y sin embargo, tiene la reputación que tiene y no sólo entre los foráneos: según la Envipe, ocho de cada diez tamaulipecos se sentían inseguros en su estado en 2018.
¿Cómo explicar esa paradoja? Una parte tiene que ver con la memoria de los años duros de la guerra de Los Zetas contra el Cártel del Golfo (2009-2013). Pero otra parte tiene que ver con hechos absolutamente presentes.
En primer lugar, Tamaulipas tiene una alta prevalencia de delitos de alto impacto. Uno de cada nueve secuestros reportados en el país durante 2018 se denunció en Tamaulipas (ese hecho puede estar conectado al secuestro de migrantes). En la primera mitad de 2019, esa proporción ha disminuido a uno de cada 20, pero sigue siendo elevada.
Asimismo, la extorsión es un fenómeno endémico en Tamaulipas. Incluyendo la modalidad telefónica, es el delito más común en el estado, por encima del robo, según la Envipe, es la octava entidad federativa con la mayor incidencia de ese delito en el país.
En segundo lugar, Tamaulipas sigue teniendo mucho crimen organizado. Según datos de la consultora Lantia, habría en el estado no menos de 29 células criminales que pueden trazar su linaje ya sea al CDG o a Los Zetas. Y esas bandas participan en múltiples mercados ilícitos (desde el huachicol hasta el contrabando) y son actores centrales en materia de extorsión. Eso los hace muy visibles.
Por último, si bien ha habido avances en años recientes, Tamaulipas sigue enfrentando debilidades institucionales importantes, desde la policía hasta el sistema penitenciario, pasando por la procuración de justicia.
En resumen, Tamaulipas tiene una reputación que probablemente no merece. Pero si quiere cambiarla, tiene que trabajar de manera sostenida en el fortalecimiento institucional. Lo demás puede venir por añadidura.
Nota: desde 2017, participo en el Consejo Consultivo de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas.
alejandrohope@outlook.com. @ahope71
