La muerte y la popularidad

Alejandro Hope

Desde la perspectiva del ciudadano, no está enteramente claro a qué autoridad asignar la responsabilidad por la expansión de contagios y muertes

Según cifras oficiales, la pandemia había provocado, hasta el 24 de octubre, 217 mil muertes en exceso. Seis semanas después, es probable que se hayan acumulado unas 45 mil víctimas adicionales y podrían sumarse unos cuarenta mil más para finales de diciembre. Cerraremos el año con algo más de 300 mil víctimas mortales.

Esto es una catástrofe sanitaria monumental, la peor en un siglo. Lo que ha pasado equivale a borrar del mapa a una ciudad como Oaxaca o Pachuca. O aniquilar tres Estadios Aztecas, llenos a reventar.

Y sin embargo, el impacto político de esta tragedia ha sido limitado. La aprobación presidencial se ha mantenido, con altas y bajas, en torno a 60%. Las preferencias electorales se ubican más o menos en el mismo punto que a principios de año. Incluso la política de salud no es objeto de un rechazo contundente y mayoritario.

¿Qué explica esa aparente discordancia? Como bien han apuntado varios especialistas, no hay una razón única de este fenómeno. Una posible causa puede ser la simpatía que aún genera el presidente como persona entre un porcentaje elevado de la población. Otra puede ser la dispersión de programas sociales. Asimismo, la ausencia de figuras opositoras importantes puede contribuir a que no se agrupen múltiples descontentos difusos.

Pero, además de esas muy probables razones, existe un hecho demográfico básico (que aplica también en el tema de los homicidios): los números absolutos son pavorosos, pero la pandemia, en su expresión más extrema, ha tocado solo a un porcentaje muy pequeño de la población. Un total de 300 mil muertes en exceso equivale a uno de cada 434 mexicanos. Es decir, 0.23% de la población total. O puesto en término de núcleos familiares, eso significa que aproximadamente 99% de las familias mexicanas no ha tenido una muerte como consecuencia de la pandemia.

Incluso considerando los contagios, el COVID-19 ha sido una experiencia de minorías. Dependiendo el método de estimación, se puede calcular que entre 15 y 30 millones de personas se han contagiado de SARS-COV2 desde que el virus arribó a nuestro territorio. Dicho de otro modo, entre 77 y 89% de la población no se ha contagiado.

Hay que añadir además que la pandemia no es justa y se ha cebado de manera mucho más brutal sobre sectores vulnerables de la población. Un estudio elaborado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM en los meses iniciales de la pandemia mostró que 71% de las víctimas mortales por COVID no habían pasado de la educación básica. Asimismo, 68% eran trabajadores no remunerados, vendedores ambulantes, jubilados y pensionados. No hay razones para suponer que esos números han variado mayormente en los meses subsiguientes.

Eso tiene una implicación importante: las consecuencias más dolorosas han recaído en grupos que tienen bajo peso político y mediático. Sus intereses no están bien reflejados en la arena pública y sus historias no dominan (como debieran) la narrativa sobre la pandemia.

Por último, hay un tema de distribución de culpas. El gobierno federal tiene, por supuesto, un tramo de responsabilidad enorme, pero algo le toca también a los gobiernos estatales y municipales. Desde la perspectiva del ciudadano de a pie, no está enteramente claro a qué autoridad asignarle la responsabilidad por la expansión de los contagios y las muertes. En consecuencia, los efectos políticos del fenómeno tienden a ser limitados.

Esto que sucede con la pandemia pasa también en materia de seguridad: el fracaso no tiene consecuencias políticas graves. Y eso significa que las malas ideas y las malas prácticas persisten sin correctivo.

Y esa es la mayor de nuestras tragedias.
 

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