La certificación que nunca llegó

Alejandro Hope

No hay la menor prisa del alto mando para acatar lo que establece la ley ni consecuencias por el incumplimiento de los plazos

Según la ley, todos los integrantes de la Guardia Nacional (GN) tendrían que contar ya con una certificación plena. La realidad está muy lejos de ese objetivo.

En un texto publicado en EL UNIVERSAL hace dos semanas, se detalla que “de todas las corporaciones estatales y municipales de las 32 entidades, la recién creada Guardia Nacional es la que va más rezagada en el cumplimiento de este requisito de ley, pues apenas 10 mil 396 (9.9%) de los 104 mil 267 elementos estimados cuentan con el Certificado Único Policial (CUP).”

El llamado CUP es un requisito que establece la Constitución para que una persona ejerza la función policial. Se compone de cuatro elementos: la formación inicial, la evaluación de competencias, la evaluación de desempeño y el control de confianza.

A pesar del carácter obligatorio de la certificación, un número muy importante de policías en corporaciones de todos los niveles de gobierno no han cumplido con todos los requisitos. Como se señala en un artículo sobre el mismo tema publicado en Animal Político (https://bit.ly/3g16I5Y), “las policías estatales en su conjunto promedian un 65.9 por ciento de sus elementos ya certificados, mientas que las corporaciones municipales promedian un 63.8 por ciento.” Malos resultados, pero seis veces mejores que los de la GN.

La lentitud en el proceso de certificación se ha dado a pesar de que, en abril de 2019, se aprobó un mecanismo especial de control de confianza, diseñado para acortar los tiempos de la evaluación.

Aún con ello, no se ha podido cumplir con el requisito que estableció la Ley de la Guardia Nacional en su artículo cuarto transitorio: “Atendiendo la gradualidad de la conformación de la Guardia Nacional, de manera progresiva y en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los centros de evaluación y control de confianza deberán practicar las evaluaciones a quienes hayan sido asignado para la conformación del cuerpo policial, a efecto de contar con el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución.”

El viernes pasado fue esa fecha perentoria y estamos donde estamos, con nueve de diez guardias nacionales sin su certificación completa.

Lo peor es que todo indica que así vamos a seguir. No hay la menor prisa del alto mando para acatar lo que establece la ley ni consecuencias por el incumplimiento de los plazos. Con toda probabilidad, se la van a llevar con calma de aquí al fin del sexenio.

La Guardia Nacional nació bajo el signo de la simulación y así ha seguido. A manera de conseguir votos suficientes para una reforma constitucional, la mayoría gobernante aceptó que la nueva corporación fuese establecida formalmente como una institución civil. Pero nunca hubo la menor intención de darle ese carácter en los hechos. La GN es, para todo fin práctico, una extensión de las Fuerzas Armadas en otra dependencia. Solo basta ver el origen de sus integrantes: 75% no solo provienen del Ejército o la Marina, sino que cobran sueldo y mantienen plaza en esas instituciones.

Puesto de otra manera, los guardias nacionales son soldados haciendo funciones de policía, no policías con origen militar. Ese era el proyecto desde el inicio y todo lo que se aprobó para homologar los requisitos de los integrantes de la GN a los de los policías no fue sino una elaborada simulación.

Se puede argumentar con buenas razones que el modelo de certificación policial está rebasado y que es necesario transformarlo. Pero una cosa es cambiar la ley y otra incumplirla ostentosamente. Lo segundo nos lleva, directo y sin escalas, al reino de la arbitrariedad. 

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