Hacia un nuevo arreglo con las Fuerzas Armadas

Alejandro Hope

Al conferir más responsabilidades a los militares sin fortalecer la supervisión externa, se pone en riesgo la integridad y la imagen de las Fuerzas Armadas

El 15 de septiembre es la noche del Presidente. El 16 de septiembre es el día de las Fuerzas Armadas.

Sí, tanto el Ejército como la Fuerza Aérea y la Marina Armada tienen sus días conmemorativos oficiales. Pero el aniversario de la independencia es realmente la fecha en la que el país celebra a sus fuerzas armadas. Los desfiles que recorren las ciudades mexicanas en ese día son tal vez el acto protocolario que mejor refuerza el vínculo entre los militares y la población civil.

Si bien hay antecedentes desde el siglo XIX, la tradición del desfile militar del 16 de septiembre empieza en 1935, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Es en algún sentido un reflejo del arreglo político surgido a partir de los años 30 y consolidado en los años 40 del siglo XX, cuando los militares dejan a los civiles la Presidencia de la República.

En términos muy esquemáticos, ese nuevo orden se fundaba en una suerte de transacción entre políticos y generales. Los militares en activo dejaban de participar en política (al menos de manera abierta y en puestos de primera relevancia), a cambio de que los civiles no se inmiscuyeran mayormente en asuntos militares.

Ese arreglo le funcionó muy bien al país durante décadas. México se libró del infierno de golpes de Estado y dictaduras militares que azotó a casi toda América Latina hasta finales del siglo XX. Las Fuerzas Armadas operaban en su propia esfera, interviniendo por momentos como brazo represivo de un régimen autoritario (allí está 1968 y luego la guerra sucia de los 70 como ejemplos), pero resultando casi invisibles para la mayoría de la población, salvo en los actos protocolarios. Si los militares salían a las calles, era sobre todo para desfilar.

Ese pacto implícito se fundaba, sin embargo, en mantener el ámbito militar altamente constreñido. Sí, las Fuerzas Armadas se autogobernaban —desde 1946, no ha habido un solo titular de la Sedena que haya sido removido de su cargo antes de concluir el sexenio en el que sirvió— pero los alcances de su actuación eran muy limitados.

Eso empieza a cambiar a partir de los años 70 del siglo pasado, como resultado del combate contra la guerrilla y el narcotráfico. De manera gradual, pero sostenida, las responsabilidades de las Fuerzas Armadas han ido creciendo a lo largo de casi cinco décadas.

Esto incluye, por supuesto, las tareas en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, pero no se reducen a ese tema. La Sedena y la Semar son los actores centrales en el sistema nacional de protección civil. Han sido desde hace ya varios lustros una herramienta de operación de programas sociales, sobre todo en zonas apartadas. Los soldados y marinos custodian paquetes electorales al momento de los comicios. Proveen seguridad en instalaciones estratégicas y colaboran con diversas autoridades (CFE, Conagua, etc.) para facilitar la operación de infraestructura crítica.

A esto hay que añadirles todas las funciones que han ido adquiriendo en la actual administración federal, desde la construcción de aeropuertos y trenes hasta la distribución de gasolina y medicamentos, pasando por la administración de puertos y aduanas.

En esas circunstancias, ya no es funcional para el país el viejo arreglo. Ya es demasiado lo que escapa al control civil. Al conferir cada vez más responsabilidades a los militares sin fortalecer en paralelo los mecanismos de supervisión externa, estamos poniendo en riesgo la integridad y la imagen de las Fuerzas Armadas, a la vez que se incuba un conflicto de desenlace imprevisible entre militares y civiles.

 

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