El viernes, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que ya había informado el secretario de Gobernación dos días antes: enviará el primero de septiembre una iniciativa preferente para reubicar por vía de modificaciones legales, no constitucionales, a la Guardia Nacional (GN) en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El presidente no dijo nada nuevo a favor de su propuesta, pero sí hizo una amplia recapitulación de las razones que ha esgrimido desde hace meses. Y dada la inminencia del debate que viene, es importante atenderlas con seriedad.
En primer lugar, el cambio está pensado para (presuntamente) prevenir que la GN sufra el (supuesto) destino de la Policía Federal (PF). En la apreciación del presidente, la PF “se fue echando a perder, de ahí salieron mandos que ahora están en las cárceles y se corrompió por completo.”
Es cierto que hay exfuncionarios de la PF que están o estuvieron en prisión, pero lo mismo se puede decir de mandos militares, algunos de altísimo rango (por ejemplo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo ). Pero la afirmación de que la PF “se corrompió por completo” no está sostenida en evidencia. O al menos nadie de la actual administración la ha presentado. Y aquí cabe una pregunta: de 2018 a la fecha, ¿cuántas sentencias condenatorias se han obtenido por presuntos actos de corrupción en la PF? Mi apuesta; un número igual o cercano a cero.
Pero asumiendo sin conceder esta idea de la corrupción irredimible de la PF, ¿por qué se supone que la provocó su ubicación administrativa y no, por ejemplo, la debilidad de los controles internos y la supervisión externa? Y en mismo sentido, ¿no sería posible lograr el blindaje de la GN sin una readscripción de dudosa constitucionalidad? ¿No se podría, por ejemplo, fortalecer su Unidad de Asuntos Internos y apalancarla en uno o varios mecanismos de supervisión externa? ¿No se podrían mejorar los procesos de control de confianza? ¿O las prácticas de reclutamiento y formación? ¿Por qué la alternativa es Sedena o Sodoma? El presidente no explica.
Por otra parte, el presidente afirma que tener a cuerpos intermedios ubicados en ministerios de Defensa es práctica internacional normal. Según afirmó, “la Guardia Nacional depende de las Fuerzas Armadas, en Francia, en Italia, en España, en otros países, incluso en América Latina”.
En el mejor de los casos, eso es información desactualizada. En Francia, desde 2009, la Gendarmería depende del Ministerio del Interior, aunque sigue siendo un cuerpo con carácter militar y el Ministerio de Defensa retiene algunas facultades, particularmente en lo referente al régimen disciplinario y el mando operativo en misiones militares en el exterior. Caso similar en España con la Guardia Civil y en Chile con los Carabineros (aquí más detalle: https://bit.ly/3cslVzb) Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha propuesto reubicar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa en el Ministerio del Interior.
Por último, el presidente apela a un argumento de vox populi: el Ejército, la Marina y la GN tienen un amplio respaldo social y hay que tomar en cuenta la opinión de la población. El problema es que las encuestas citadas por el presidente no dicen nada sobre la ubicación administrativa de la GN y de hecho socavan su argumento. Si la GN ya tiene un nivel de confianza cercano al del Ejército estando en la SSPC, ¿por qué es necesario trasladarla a la Sedena?
En todo esto, hay más ruido que razones. O, más bien, estas no son las razones reales para tratar de darle la vuelta a la constitucionalidad. De eso hablamos el miércoles.
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