En seguridad y justicia, un presupuesto para administrar la crisis

Alejandro Hope

No se ve nada nuevo: subinversión crónica, y abandono de la procuración de justicia

El pasado miércoles el secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Van cinco apuntes sobre el gasto que se prevé ejercer en seguridad y justicia.

1. En el sector seguridad y justicia, cambió la distribución entre bolsas, pero se mantiene el patrón de subinversión crónica. Sumando los montos presupuestados para Sedena, Semar, SSPC y FGR, así como los recursos destinados al Poder Judicial de la Federación y las aportaciones en materia de seguridad para estados y municipios, se llega a un total de 336 mil millones de pesos. Eso implica un incremento de 6% en términos reales con respecto al presupuesto de 2021. El aumento no es trivial, pero tampoco cambia radicalmente la ecuación.

2. A primera vista, la Guardia Nacional parece ser una de las grandes ganadoras del paquete económico. Su presupuesto pasa de 35 a 62 mil millones de pesos, un incremento de 74% en términos reales con respecto al presupuesto de 2021. Pero el contraste en contra del gasto ejercido (no el presupuestado) probablemente muestre (cuando se conozca la cuenta pública 2021) un incremento más modesto, en torno a 15-20% en términos reales. Por otra parte, el grueso del incremento se concentra en el rubro de inversión física, el cual no recibió recursos en el PEF 2021. Básicamente lo que está sucediendo es una transferencia a la GN de los recursos ejercidos hasta ahora por Sedena para la construcción de cuarteles o el equipamiento de la corporación.

3. Si bien hay una transferencia de recursos de inversión de Sedena a la GN, las plazas se mantienen mayoritariamente en las Fuerzas Armadas. El gasto en servicios personales crece 15% en términos reales con respecto al presupuesto aprobado en 2021 y (probablemente) casi nada contra el ejercido. De hecho, si se contrasta el presupuesto de servicios personales de la GN en 2022 contra el mismo rubro de la Policía Federal (PF) en 2019, el aumento real (descontando la inflación) es de 19%. Dado que supuestamente la GN tiene casi tres veces más elementos que la PF, ese aumento modesto solo es posible porque la inmensa mayoría de los elementos de la GN (cerca del 80%) no cobra sueldo ni tiene plaza en la corporación: son soldados y marinos transferidos en calidad de comisionados a la Guardia.

4. La procuración de justicia sigue siendo el rubro olvidado de los ejercicios presupuestales. El presupuesto de la FGR va a disminuir 3% en términos reales en 2022 con respecto al presupuesto aprobado en 2021. De hecho, en lo que va del sexenio, los recursos dedicados a la procuración de justicia federal han disminuido más de 7% en términos reales. Hay que decir que esto no es un fenómeno nuevo: descontando la inflación, la FGR (antes PGR) tiene aproximadamente el mismo presupuesto que en los primeros años del sexenio de Vicente Fox.

5. Los estados y municipios son los otros grandes perdedores del proyecto de presupuesto 2022. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), dirigido a gobiernos estatales, tiene un decremento en términos reales de 0.8%. En lo que va del sexenio, la caída acumulada real de ese fondo ya llega casi a 10%. Por otra parte y por segundo año consecutivo, no proyecta la existencia un fondo de subsidios para la seguridad pública municipal, como le fue en su momento el Fortaseg/Subsemun.

Esto es apenas un análisis rápido, pero de arranque no se ve nada muy nuevo: subinversión crónica, concentración de recursos en el ámbito federal, primacía de las Fuerzas Armadas y abandono de la procuración de justicia.

Es un presupuesto para seguir administrando la crisis. 
 

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