¿Ahora quién sigue? Esa es la pregunta que recorre la arena pública en México luego de que Genaro García Luna fuera declarado culpable en Estados Unidos de coludirse con narcotraficantes ¿Contra quién van ahora los estadounidenses? ¿Quién será el protagonista del siguiente “juicio del siglo”?
¿Podría ser Felipe Calderón? ¿Podrían ser otros integrantes de gobiernos panistas? ¿Podrían ser altos mandos de las fuerzas armadas? ¿O funcionarios de la actual administración?
Yo tengo una opinión un tanto distinta. Creo que el juicio a García Luna cierra una época, no abre un ciclo de juicios espectaculares. Las condiciones que permitieron un juicio como este ya no existen.
Como quedó de manifiesto en el último mes, este tipo de investigaciones (y luego juicios) en contra de dirigentes políticos o altos funcionarios públicos mexicanos no puede proceder en ausencia de testigos colaboradores. Pero el flujo de testigos depende en buena medida del caudal de extradiciones. Y ese río se está secando gradualmente.
En 2022, fueron extraditadas de México a Estados Unidos 54 personas. Eso representa una disminución de 53% contra el pico alcanzado en 2012. Ese total incluyó a algunos personajes presuntamente importantes de las organizaciones criminales (por ejemplo, Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, líder histórico del Cártel del Golfo), pero varios de ellos fueron detenidos hace una década o más. Es decir, las extradiciones no solo han disminuido, sino que se han vuelto más lentas.
Esas tendencias probablemente se agudicen luego del juicio a García Luna. Considerando que podría volverse testigo colaborador en algún juicio futuro en contra de funcionarios actuales, nadie del gobierno en turno le va a poner mucho empeño para extraditar a Ovidio Guzmán, por ejemplo. Como mínimo, van a hacer todo lo posible para retrasar el proceso.
Por otra parte, los funcionarios que pudieran ser blanco de investigaciones difícilmente cometerán el mismo error que Genaro García Luna de irse a vivir a Estados Unidos luego de dejar el cargo. O ir a vacacionar a ese país como el general Salvador Cienfuegos o Édgar Veytia. Con toda probabilidad, van a poner la mayor distancia posible de territorio estadounidense y, en algunos casos, podrían buscar refugio en países donde sea difícil o imposible la extradición a Estados Unidos.
Algo similar podría pasar con los activos de esas personas. Ante la posibilidad de ver su patrimonio congelado y sujeto a posible incautación, muy probablemente lo mantendrán muy lejos de la jurisdicción estadounidense. No van a cometer el error de García Luna de acumular bienes raíces en Florida.
Por último, este tipo de casos requieren a menudo contactos y confianza entre integrantes del aparato de seguridad en México para complementar las investigaciones o confirmar algunas hipótesis. Los contactos seguramente siguen allí, pero la confianza muy probablemente se ha degradado luego del fiasco de Cienfuegos y el juicio de García Luna. Es difícil saber cuánto, pero es difícil suponer que no haya cierto resquemor dentro del aparato de seguridad luego de esos casos.
Me parece entonces que, a la pregunta de qué juicio sigue al de García Luna, la respuesta más probable puede ser ninguno. O al menos ninguno en el que la fiscalía en Estados Unidos afronte un juicio con tantas ventajas procesales de arranque.
Lo que viene va a ser mucho más complicado.
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