Decía Fiódor Dostoyevski que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. En esa métrica, México sale trágica y contundentemente reprobado.

Esta semana, el Inegi dio a conocer la edición 2021 de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, un sondeo realizado a casi 68 mil reos en todo el país. Los hallazgos son francamente demoledores:

1. Desde la última encuesta, realizada en 2016, la población privada de la libertad se ha vuelto más vieja en promedio. Los jóvenes de 18 a 29 años son ahora solo una cuarta parte de la población penitenciaria, contra un tercio hace cinco años. En cambio, las personas mayores de 40 años son ahora 38% de la población privada de la libertad (contra 31% en 2016). Los mayores de 50 años son ya uno de cada siete reos. Considerando que la actividad criminal tiende a disminuir con la edad, eso significa que estamos manteniendo en prisión a mucha gente que ya no cometería delitos en el exterior.

2. La población privada de la libertad ha encanecido como resultado de un endurecimiento sostenido de la política criminal. En 2016, una tercera parte de los internos con proceso concluido purgaban una pena de cárcel mayor a 16 años. En 2021, la mitad está en esa condición. Pero además los procesos penales han tendido a volverse más largos: entre la población sentenciada, casi la cuarta parte tuvo que esperar más de dos años para recibir sentencia (contra una quinta parte en 2016).

3. Las cárceles mexicanas siguen siendo mayoritariamente para los pobres. Casi tres cuartas partes de la población recluida no pasó de la educación básica y solo 6% tiene estudios universitarios. Antes de entrar a prisión, la amplísima mayoría de los internos tenía empleos de baja remuneración y sólo 9% eran profesionistas. Muchos vienen de entornos de violencia familiar: uno de cada cinco manifestó que había sido víctima de golpes y agresiones físicas en su hogar antes de cumplir 15 años. Uno de cada 30 tuvo padres que estuvieron recluidos en un centro penitenciario.

4. El proceso penal sigue siendo un horror. A seis de cada diez internos no les dijeron el motivo de su detención al momento de ser apresados. A tres cuartas partes no les dijeron adónde los llevaban ni les informaron sobre sus derechos. Tras la detención, dos terceras partes sufrieron alguna forma de violencia psicológica o física. Casi la mitad sufrió alguna agresión física, desde puñetazos hasta ahogamiento y descargas eléctricas. Entre las mujeres, una de cada seis sufrió una agresión sexual y una de cada veinte fue violada. Y eso es solo la primera etapa: en el Ministerio Público, la mitad fue interrogada (casi siempre sin asistencia de un abogado) y de ese total, 42% afirmó haber sido golpeado o maltratado para echarse la culpa o aceptar hechos falsos. Todavía peor: uno de cada veinte aceptó su culpabilidad por recomendación de su abogado (en su mayoría, defensores de oficio).

5. La pesadilla continúa en los centros penitenciarios mismos. Casi la mitad de los internos tiene que compartir celda con cinco o más personas. Una de cada ocho comparte celda con más de 15 personas. La mitad de los entrevistados afirmó que en su centro penitenciario no había separación entre procesados y sentenciados. La tercera parte señaló que había sido víctima de algún delito dentro de la prisión y, de esos, la cuarta parte recibió agresiones físicas. La corrupción es además una constante: casi la tercera parte tuvo que pagar para tener acceso a agua potable y casi uno de cada cinco para tener acceso a baños y mingitorios.

Entonces, medido por el trato que le damos a los reos, no es alto nuestro grado de civilización.