El extraño alarde

El gobierno se está tragando todo el costo político de un arreglo con actores criminales sin obtener ninguno de los beneficios potenciales

Alejandro Hope
Nación 23/05/2022 03:00 Actualizada 03:01
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No hay que engañarse: en varios momentos y circunstancias, el Estado negocia con delincuentes.

Por ejemplo, un delincuente menor puede recibir inmunidad legal, protección física y hasta una recompensa económica, a cambio de información que lleve a la captura o sentencia condenatoria de un delincuente de mayor rango. Ese es el principio que rige a los programas de testigos protegidos o las recompensas para informantes.

Otra posibilidad es negociar con un presunto delincuente la severidad de una sentencia o hasta el delito del que se le acusa, a cambio de una declaración de culpabilidad, ahorrándole con ello los costos de un juicio a la autoridad. Esto es lo que en los países anglosajones se conoce como “plea bargaining”. No es inusual: 90% de las sentencias condenatorias en Estados Unidos tienen su origen en arreglos de este tipo.

Y las negociaciones no se limitan a casos individuales. Puede haber negociaciones con grupos o bandas o pandillas. En diversos momentos y en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá, la policía ha logrado construir treguas entre pandillas rivales. Esas treguas involucran a veces el repliegue de la policía de ciertas zonas o la suspensión de prácticas particularmente agresivas en contra de pandilleros. En El Salvador, ha habido varios intentos de construir treguas entre maras, algunos de los cuales han implicado concesiones significativas por parte del Estado (como el relajamiento de condiciones penitenciarias).

En Colombia, por su parte, se ha utilizado muchas veces de manera creativa el derecho penal para desactivar conflictos y desmovilizar a actores armados, sean guerrillas, paramilitares o narcotraficantes.

México también ha sido escenario de algunos arreglos de este tipo, aunque con estructuras mucho menos formales. La llamada pax narca no era una política nacional. Más bien era una serie de arreglos circunstanciales, construidos entre narcotraficantes específicos y algunos agentes del Estado (gobernadores, jefes militares, comandantes de la Policía Judicial, etc.).

Esto tal vez sea condenable moralmente, pero sucede todo el tiempo en muchos contextos. Y sucede porque estos arreglos pueden traer consigo una disminución acelerada de algunas formas de violencia, así sea de manera temporal. No es una consecuencia menor o despreciable.

Hay un problema, sin embargo. Este tipo de negociaciones con actores criminales tienden a ser profundamente impopulares. Para las víctimas o sus deudos, puede resultar sumamente doloroso enterarse de que los victimarios no reciben un castigo pleno, que individuos que cometieron atrocidades reciben tratamiento especial. Varios gobiernos en varios países han enfrentado graves dificultades políticas por entrar en este tipo de dinámicas. Por ello, las negociaciones tienden a ser muy discretas y los acuerdos se cubren con una pátina de mano dura.

Pensando en ese contexto, es rarísimo lo que está sucediendo en México: una política de mano dura, con algunos toques casuales de permisividad, presentada como una estrategia de tolerancia hacia los grupos criminales, los tan traídos “abrazos, no balazos”. Puesto de otra manera, el gobierno se está tragando todo el costo político de un arreglo negociado con actores criminales sin obtener ninguno de los beneficios potenciales (una disminución significativa de la violencia letal).

¿Y por qué? Tal vez sea una compleja maniobra para tender una cortina de humo que impida ver el peligroso endurecimiento de la política de seguridad. O puede ser un error de cálculo, en el que el afán de diferenciarse del pasado vale más que los costos políticos del presente.

Como sea, esto es extrañísimo.

[email protected] Twitter: @ahope71

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