Después del 8 de marzo

Alejandro Hope

Atrincherado tras un muro de acero, el presidente López Obrador trató de cambiar de tema y ubicar a las manifestantes en sus categorías habituales. No le salió la jugada

Las movilizaciones de mujeres del 8 y 9 de marzo se han convertido, gracias al esfuerzo de muchas activistas y ciudadanas de a pie, en un evento central del calendario cívico del país. Eso es un éxito rotundo del movimiento feminista que ha obligado al México de machos a mirar hacia algunos de los rincones más oscuros de nuestra vida nacional.

En el plano simbólico, el movimiento ganó de calle la partida. Las mujeres mostraron creatividad, valor e iniciativa. El gobierno no mostró más que necedad y miedo. Atrincherado tras un muro de acero, el presidente López Obrador trató de cambiar de tema y ubicar a las manifestantes en sus categorías habituales. No le salió la jugada.

Pero esta victoria simbólica no se ha traducido aún en triunfos sustantivos. Empecemos por lo obvio: Félix Salgado Macedonio sigue siendo candidato a gobernador y, por ahora, los momios apuntan a que no dejará de serlo. Y si no renuncia a su candidatura, lleva las de ganar en la elección de junio. El pacto no se ha roto.

Se ha visibilizado la violencia contra las mujeres como nunca antes, pero eso no ha generado aún suficiente tracción para detonar una agenda de cambios. Muchas de las medidas que han exigido las colectivas desde hace años siguen en el plano de las propuestas:

1.No ha habido un incremento sustancial del presupuesto para las instancias federales dedicadas a combatir la violencia de género. Por ejemplo, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas está experimentando en 2021 un recorte presupuestal en términos reales. Lo mismo sucede con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

2.No se ha reformado el mecanismo de alerta de género para dotarlo de dientes. Por ahora, una declaratoria no tiene más efectos que mala prensa para algún estado durante algunos días. Ciertamente, no tiene ningún impacto sobre la administración de recursos federales relacionados con la seguridad pública.

3.El combate al feminicidio sigue sin estar en la lista de programas de prioridad nacional para la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). No existe tampoco una oficina coordinadora de los esfuerzos nacionales en la materia, a la manera de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

4.No existe un programa nacional emergente de atención a las llamadas al 911 por motivos de violencia doméstica. Hay esfuerzos sueltos en algunos estados y municipios, pero nada de alcance nacional. Lo mismo vale para la atención y cumplimiento de las órdenes de restricción.

5.No ha habido un esfuerzo para homologar los tipos penales en todos los estados en materia de feminicidio y crear fiscalías o unidades especializadas en todas las entidades federativas. Tampoco ha habido un esfuerzo de auditoría de las cifras de incidencia que producen las fiscalías estatales.

Esos no son más que algunos ejemplos de la agenda incumplida en el combate a la violencia y la discriminación contra las mujeres. El movimiento feminista ha sido enormemente exitoso en poner el tema en la discusión pública, pero falta que las instituciones se activen y generen cambios.

Para eso, los actores políticos tienen que pasar del aplauso fácil a la solidaridad activa con las mujeres. A ver si pueden.

 

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