Después de la Iniciativa Mérida

Alejandro Hope

La relación se ha vuelta más ríspida. No creo que sea una mejor situación para ninguno de los dos países

En una reunión con la bancada de Morena en el Senado, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que la Iniciativa Mérida está muerta y que solo se espera “el acta de defunción”. 

No es la primera vez que lo dice. Afirmó básicamente lo mismo hace un mes en una entrevista con el Washington Post. No se equivoca: la Iniciativa Mérida está muerta y enterrada. Pero esa no es novedad: el deceso ocurrió en 2016, en el momento de la victoria electoral de Donald Trump.

La Iniciativa Mérida fue un mecanismo para a) institucionalizar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y b) construir una relación basada en un principio de corresponsabilidad por el problema del crimen organizado trasnacional. La asistencia financiera y técnica estaba concebida como la expresión material de esos principios: en términos estrictos, Estados Unidos no estaba ayudando a México, sino que lo estaba compensando por su contribución en un reto común.

El unilateralismo de Trump dio al traste con ese arreglo. En los círculos trumpistas, México era el problema, no una parte de la solución. Algo como la Iniciativa Mérida no tenía mucha cabida en esa concepción ideológica.

Es cierto que algunos fondos de asistencia siguieron fluyendo durante la administración Trump (aproximadamente 600 millones de dólares desde 2017), pero eso se explica más por las peculiaridades del proceso presupuestal estadounidense —la asignación de fondos para beneficiar a clientelas de legisladores individuales— que por un compromiso con el proceso. Toda la arquitectura de gobierno surgida de Mérida —las reuniones de alto nivel, los grupos de implementación, etc.— desaparecieron o perdieron relevancia en esos años.

La presidencia de Joe Biden ha cambiado un poco la ecuación. En Washington, hay mejor disposición para relanzar un arreglo como el de Mérida, pero se topa ahora con un gobierno mexicano que es francamente hostil al concepto. Es cierto entonces lo que dice Ebrard: no hay como revivir al muerto.

¿Qué sigue entonces? Si se busca un nuevo acuerdo de cooperación con Estados Unidos, ¿cuáles serían sus contornos? ¿Cómo sería distinto de Mérida?

Es allí donde la cosa se pone más peliaguda. El actual gobierno mexicano ha sido claro sobre lo que no quiere, pero mucho menos sobre lo que sí persigue en materia de seguridad con Estados Unidos.

Se ha hablado de dar un enfoque más social a la cooperación, de atender las causas profundas de la inseguridad, pero no ha habido hasta ahora un aterrizaje programático muy claro. Fuera de algunas promesas vagas de financiamiento a proyectos de desarrollo y de algunas iniciativas locales de prevención social de la violencia, no hay mucha carne en la discusión.

También ha habido algo de ruido sobre aumentar la cooperación en materia de inteligencia financiera y combate al lavado de dinero. Y hasta donde sea sabe, existe una relación fluida entra la UIF y diversas agencias estadounidenses. Pero eso no deja de ser un tema de nicho.

Desde el inicio, la Iniciativa Mérida tuvo problemas inocultables. Crucialmente, le faltaban métricas precisas para medir el avance de la cooperación ¿El éxito o fracaso de la Iniciativa dependía de los niveles de violencia en México? ¿De indicadores relacionados al combate al narcotráfico (decomisos, detenciones, etc.)? ¿De métricas de desarrollo institucional? A nadie nunca le quedó claro.

Pero al menos había bajo ese paraguas un arreglo institucional para facilitar algunas formas de cooperación y sentar a la mesa a Estados Unidos en temas importantes para México. En su ausencia, la relación se ha vuelta más ríspida e impredecible.

No creo que eso sea una mejor situación para ninguno de los dos países. 


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