Esto ya se volvió costumbre. El día 20 de cada mes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, tiene un espacio en la conferencia mañanera del presidente López Obrador y hace una presentación sobre la evolución reciente de la incidencia delictiva.
Y sin falta, la primera lámina muestra lo sucedido en el mes con los delitos del fuero federal. Esa primera gráfica nunca encierra misterio: la tendencia va siempre a la baja y los resultados son presentados con inocultable optimismo. En la más reciente presentación, la secretaria Rodríguez afirmó que “en relación con la incidencia delictiva, de los delitos del fuero federal, aquí se ve una reducción de 25.1 por ciento.”
A primera vista, esa cifra luce muy impresionante. A segunda, no tanto. Empecemos con un asunto de escala. En 2021, se abrieron más de dos millones de carpetas de investigación por delitos del fuero común ¿Y del fuero federal? 77,637, para ser exactos.
Por otra parte, es mala práctica hacer una equivalencia entre la evolución de las carpetas de investigación y los cambios en la incidencia delictiva. De arranque, la mayor parte de los delitos que se cometen en el país pasan por debajo del radar de las autoridades. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), la llamada cifra negra --el porcentaje de los delitos no denunciados o sin carpeta de investigación-- fue 94% en 2020. Lo que vemos en las cifras de incidencia reportada no es más que la punta del iceberg.
Además, ¿cómo se debería interpretar un cambio en las carpetas de investigación? ¿Como una reducción de los delitos o una caída de las denuncias? ¿Es buena o mala señal? Imposible saberlo.
Y este problema es aún peor con los delitos del fuero federal porque, en su mayoría, se trata de hechos sin víctima directa que haga una denuncia. Muchos de esos delitos son transaccionales. Es decir, la autoridad tiene que buscarlos proactivamente.
De todas las carpetas de investigación abiertas por delitos federales en el primer semestre de 2022, más de la cuarta parte correspondió a delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Es bueno o malo que disminuya el número de esas carpetas? ¿Una caída en esos indicadores debe leerse como una reducción del flujo de drogas y armas? ¿O como una disminución en la intensidad de la persecución?
O consideren, por ejemplo, la categoría de delitos cometidos por servidores públicos. En 2018, se abrieron 2331 carpetas de investigación por ese motivo. En 2021, se alcanzó un total de 4192 carpetas ¿Debemos inferir que durante la actual administración se han casi duplicado los delitos cometidos por servidores públicos? ¿O hay más atención puesta en el tema?
En general, la evolución de las carpetas de investigación por delitos federales es un indicador de gestión, no de resultados. Muestra la decisión del gobierno federal y la FGR de dedicar más o menos voluntad y recursos a perseguir un subconjunto de delitos.
En ese sentido, la gráfica que tanto le gusta a la secretaria Rodríguez revela una preferencia por la inacción. Si hay menos carpetas de investigación por delitos federales, es porque hay una determinación de no perseguirlos con el mismo vigor.
Eso no necesariamente es malo. Puede haber razones legítimas para dedicar menos recursos a la persecución de algunos delitos. Por ejemplo, me parece una tragedia judicializar sin ton ni son los delitos contra la salud, particularmente en la modalidad de posesión.
Pero suponer que eso equivale a una disminución en la incidencia delictiva es de carcajada loca.