Como manda la ley, la Guardia Nacional (GN) presentó en esta semana al Senado su Informe Anual de Actividades, correspondiente al año 2021.
Se trata de un reporte amplio y detallado que, a lo largo de 88 páginas, cubre todos los rubros que exige el artículo 97 de la Ley de la Guardia Nacional. Salvo uno muy específico, al que me referiré más adelante.
Entre otras cosas, gracias al informe, sabemos que la GN tiene 113,833 efectivos, distribuidos en 266 coordinaciones regionales. De ese total, 73 mil 805 proviene de Sedena, 16 mil 792 de Semar (nótese que ese personal es descrito como “asignado” y no como transferido, confesión de que mantienen plaza y sueldo en las Fuerzas Armadas) y 23,236 de la extinta Policía Federal.
No todo ese personal está en labores de campo. Según el informe, están desplegados en el territorio 99,946 efectivos, de los cuales 89,951 son elementos operativos y 9,995 son personal de apoyo. El resto está en unidades mixtas encabezadas por el Ejército o la Marina, la llamada Unidad de Órganos Especializados por Competencia (lo que fueron las divisiones técnicas de la PF) y las oficinas centrales.
La GN hace muchas cosas, pero no detiene a mucha gente. De acuerdo con el reporte, la GN detuvo a 8,258 personas en 2021. Es de suponer que esos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, aunque no se detalla por qué delitos. Pero al parecer no se trata de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, ya que en esos rubros solo 50 personas fueron puestas a disposición del MP. Y, según se infiere del documento, el grueso de las detenciones fue en flagrancia: solo 14 personas fueron detenidas “derivado de los trabajos de inteligencia”.
El informe es sumamente detallado en el recuento de los decomisos realizados por la GN. Hay tablas desglosando las incautaciones de drogas, armas y vehículos, pero también de flora y fauna. Entre otras cosas, se reporta el aseguramiento de 320 cucarachas y 70 grillos (previsiblemente eran el alimento de otros animales incautados).
La GN realizó también muchas tareas no directamente relacionadas con la seguridad pública. Entre otras cosas, detuvo y trasladó migrantes, distribuyó vacunas contra el Covid, atendió a población afectada por desastres naturales, facilitó la distribución de gas LP, y escoltó pipas de gasolina. Además, entró a relevar por completo a la policía municipal de Iguala, Guerrero.
Todo eso está muy bien, pero cabe una pregunta: ¿qué resultados se obtuvieron? ¿Cómo contribuyeron todas esas actividades a disminuir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad?
El informe no da una buena respuesta a esas preguntas. Tiene una sección de indicadores, pero de los 79 que lista, solo cuatro son indicadores de resultados: tres se refieren a seguridad vial y uno a asaltos al autotransporte. Los demás son indicadores de proceso: personas detenidas, operativos implementados, cursos impartidos, etc. Cosas como “porcentaje de reuniones en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz con participación de la Guardia Nacional” (62,930 convocadas, 62,930 atendidas, 100% de cumplimiento).
El informe dice mucho sobre las actividades de la GN, pero muy poco sobre su impacto. Eso significa que la institución se mide por lo que hace y no por lo que debería lograr.
Robert Peel, uno de los fundadores de la policía metropolitana de Londres, decía que “la prueba de la eficacia policial es la ausencia de delincuencia y desorden, y no la evidencia visible de la acción policial para enfrentarlos”.
Hay que contar lo que realmente cuenta.
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