Cancún, la policía y el uso de la fuerza

Alejandro Hope

Los hechos sucedidos el lunes en Cancún son un recordatorio de la urgente necesidad de una reforma policial de gran calado y alcance nacional

El lunes por la noche, una manifestación en contra de los feminicidios en Cancún, Quintana Roo, casi termina en tragedia. La policía municipal, sintiéndose desbordada, empezó a realizar disparos al aire con armas de fuego. Las escenas de pánico que generó la reacción policial le han dado la vuelta al mundo.

Van algunos apuntes sobre este hecho:

1. Primero lo primero: es absolutamente inaceptable lo sucedido. El disparo de armas de fuego —así sea al aire— para controlar una situación como la que se presentó frente al palacio municipal de Cancún no se justifica bajo ningún criterio razonable. Se violaron todos los protocolos posibles e imaginables para el uso racional y proporcional de la fuerza. Como mínimo, el hecho exige una investigación a fondo y la sanción a los responsables.

2. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada el año pasado como parte del paquete de iniciativas que acompañaron a la creación de la Guardia Nacional, tenía como finalidad evitar hechos como los sucedidos en Cancún. Me parece que ya es razonable señalar que no funciona. Como ha argumentado Daniel Gómez Tagle, un especialista en la materia, la ley se ajusta mal a las condiciones mexicanas, se centra en el tipo de armas y no en el tipo de fuerza, e impone condiciones de difícil cumplimiento para los agentes del Estado. “Las inconsistencias generan dudas en cuanto a su eficacia, requisito indispensable de una ley”, escribió Gómez Tagle en un texto de 2019. Tenía razón.

3. Tengo una gran admiración por Alberto Capella, secretario de seguridad pública de Quintana Roo. Es, a mi juicio, uno de los mejores policías del país. El modelo de mando único que ha implantado en Quintana Roo, después de hacerlo en Morelos, tiene muchas virtudes: genera economías de escala, facilita la coordinación entre distintos niveles de gobierno, y ayuda a homologar las condiciones laborales de los policías en corporaciones muy diversas. Tiene, sin embargo, un punto ciego: al estar construido sobre convenios entre los municipios y el gobierno estatal, genera ambigüedad sobre la responsabilidad política en materia de policía ¿Quién es responsable por lo sucedido el lunes? ¿El municipio? ¿El estado? ¿Ambos? ¿En qué medida?

4. Para resolver ese problema, tendríamos que avanzar en dos direcciones: a) delimitando con mucho mayor precisión (a nivel constitucional) los ámbitos de actuación de los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad, y b) construyendo un servicio nacional de policía que centralice algunos procesos administrativos de las corporaciones (es decir, capturando las ventajas del mando único), pero dejando el control operativo y la responsabilidad política a los municipios.

5. Por último, es importante no olvidar, en la discusión sobre la reacción policial, la causa que motivó la manifestación: los feminicidios y la violencia de género. El tema ya no admite otra cosa que no sea una reacción urgente de todos los actores institucionales. Es indispensable poner en marcha una estrategia nacional que confronte el problema desde varios ángulos (desde la atención prioritaria a llamadas de violencia doméstica hasta la creación de unidades especializadas en las fiscalías). La pasividad frente a la violencia contra las mujeres ya no puede ser alternativa.

En resumen, los hechos sucedidos en Cancún son un recordatorio de la urgente necesidad de una reforma policial de gran calado y alcance nacional. Ya no debemos seguir posponiendo el tema.

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