Hace dos días, dediqué mi columna a la prisión preventiva oficiosa. Mencioné allí un amplio trabajo de investigación de Intersecta y Animal Político sobre el tema (https://bit.ly/3El3qoI).
Por razones de espacio, no pude incluir muchos de los hallazgos de ese gran esfuerzo. Hoy quiero corregir esa omisión. Van entonces algunos datos sobre el uso y abuso de la prisión preventiva en México:
1. En 2020, ingresaron a prisión 108,655 personas en todo el país. De ese total, 85% no había recibido una sentencia.
2. En la Ciudad de México y Oaxaca, todas las personas que ingresaron a los penales en 2020 eran formalmente inocentes y estaban en condición de prisión preventiva. Todas, sin excepción.
3. En el periodo 2019-2020, el número de personas en condición de prisión preventiva creció en 30 de 32 entidades federativas en comparación con el periodo 2017-2018. A nivel nacional, el crecimiento fue de 25.7%, aunque en algunas entidades como Tlaxcala y Coahuila, el incremento fue de tres dígitos.
4. En diez entidades federativas, donde los autores del reporte tuvieron acceso a datos oficiales, 78.6% de las personas encarceladas por una acusación de robo en diciembre de 2020 no había recibido sentencia. En enero de 2019, el porcentaje comparable era 60.4%. Para el caso del narcomenudeo, el número de presos sin sentencia (en las mismas 10 jurisdicciones) pasó de 55.4% a 87.8% entre enero de 2019 y diciembre de 2020.
5. En un subconjunto de 20 estados, se resolvieron 161,090 casos de personas en condición de prisión preventiva entre enero de 2019 y julio de 2021. De ese total, solo se llegó a juicio en 15% de los expedientes. En el resto, las personas acusadas se declararon culpables u optaron por una salida alterna para dejar la prisión. En estados como Puebla o Nayarit, apenas uno de cada 100 casos llegó a juicio.
6. Siete de cada diez personas enviadas a prisión preventiva tienen una escolaridad que no rebasaba la secundaria. Solo uno de 20 tiene estudios universitarios. Solo 6% de esa población es profesionista, funcionario o empresario. En cambio, 72% tenía una ocupación poco remunerada, desde el trabajo en el campo hasta el comercio ambulante.
7. En estados como Jalisco, Nayarit o Puebla, los defensores de oficio atienden aproximadamente 300 casos al mismo tiempo. En Veracruz y Nayarit, las personas que trabajan en la defensoría pública perciben ingresos mensuales netos inferiores a 7,000 pesos. En la Ciudad de México, reciben menos de 19,000 pesos.
8. Nueve de cada diez mujeres enviadas tras las rejas en 2020 no habían recibido ninguna condena. Estaban allí por prisión preventiva. Desde mediados del año pasado, hay más mujeres procesadas que condenadas en las prisiones del país. En el caso de los hombres, hay 40% más condenados que procesados.
9. En diciembre de 2020, 92% de las mujeres enviadas a prisión por una acusación de robo no habían sido sentenciadas. En el caso de narcomenudeo, el porcentaje comparable era 87%.
Por donde se mire, esto es —o debería ser— un escándalo nacional. Mandar a personas formalmente inocentes a prisión no es un acto de justicia ni un mecanismo para combatir a la impunidad. Es una medida que debería ser la excepción y que hemos vuelto la regla, sin lograr además gran cosa para prevenir la violencia y la inseguridad.
Vergüenza nos debería de dar.
Twitter: @ahope71