La derecha implacable

La crónica de la destitución anunciada de Pedro Castillo de la presidencia en Perú, impulsada por un parlamento dominado por la derecha fujimorista, se cumplió. A los 16 meses de inestabilidad política desde el minuto uno de su gestión, dejando en claro la inexistencia del equilibrio de poderes en la República, se derrumbó Castillo, destituido bajo la premisa de la “permanente incapacidad moral”.

En el transcurso de este ejercicio desventurado de la política, Castillo tomó distancia de las masas que lo catapultaron en su momento para que ganara la presidencia, frente a la derecha rapaz y violenta que, acostumbrada a tener todo, es incapaz de aceptar el mandato de la democracia, sobre todo por provenir de las manos de indios, negros y pobres que depositaron su voto en las urnas (para la derecha ¡nada de que todas las voces ni todas las manos, y si hay sangre, no importa!).

Vale señalar que no es un problema de Castillo, no solamente, pues antes de su asunción en el poder –para decirlo amablemente–, Perú ha vivido procesos de alta inestabilidad política: muchos presidentes en pocos años, uno de ellos –Alán García– acudió al suicidio antes de ser aprehendido por “corrupción”, dejando en su última nota el mensaje de que “otros se venden, yo no". Se trata, pues, de un problema inherente al sistema político peruano, en donde pesa decisivamente la oligarquía peruana.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, con la precaución de considerar la libre autodeterminación de los pueblos, puso el acento en las íes: “consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral”.

La discusión política se parte en dos: por un lado, la derecha fujimorista crítica a Castillo, respecto a que quería dar un golpe de Estado técnico, al decretar la suspensión del parlamento; por otro lado, desde las fuerzas de apoyo a Castillo, argumentan que se trató de un golpe de Estado técnico, concreción de una saga política signada por la inestabilidad. Como señalaba Pedro Brieger, comentarista político, no son los golpes de Estado del siglo XX –con la presencia decisiva de los militares y las prohibiciones generales–, tenemos que construir otros recursos para la comprensión de los nuevos fenómenos políticos.

En Argentina también se vive la conmoción política. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por Vialidad, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Es una historia no concluida. Ella misma, por una condición de salud (con Covid-19), pero también por consideraciones políticas, ha desalentado la movilización popular de resistencia. Esto se da a la par de un suceso político donde un grupo de jueces, empresarios y gente de gobierno ligado al macrismo se reunieron en el sur argentino (todos vinculados a la condena a Cristina Fernández de Kirchner), transgrediendo las normas de la convivencia política, en la mansión del empresario británico Joe Lewis –que se apropió ni más ni menos que de un lago, Lago Escondido–. Un escándalo donde la respuesta política no ha sido del tamaño del descaro y la complicidad corporativa.

Como en el caso de Castillo, en Argentina las élites económicas (Grupo Clarín o el paradigmático caso de Vicentín, en el que dominó la narrativa del corporativo, subrayando el "Defendamos lo nuestro, defendamos la República" y “No a la intervención y expropiación de nuestras empresas”, argumentos que llevan de lleno a la necesidad de encarar la batalla cultural, pues una parte de trabajadores y sectores empobrecidos se adhirieron dócilmente a la narrativa hegemónica del capital –cf. Karina Micheletto ¿Todos somos Vicentin?, Página 12, 17/06/2020-) y políticas (las fuerzas ligadas a Macri y al denominado partido judicial, destacando el lawfare), mantienen “un ambiente de confrontación y hostilidad” hacia el gobierno justicialista: vacunas rusas, que envenenaban; gobierno de rateros, que alienta planes sociales, pero no fuentes de trabajo, ignorando las importantes medidas para mantener al empleo y la mantención de las empresas en el contexto de la pandemia y, como olvidarlo, la saga de construcción del odio, que desembocó en el intento de asesinato de la vicepresidenta.

En estos dos botones de muestra, aunque hay un racimo abundante, destaca lo implacable de la derecha.

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