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10/12/2019
02:33
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Al cumplirse el primer año de gobierno y conmemorándose este día a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vale la pena destacar los cambios más significativos que se han impulsado en materia de derechos humanos, para encarar la profunda crisis humanitaria y de violación a los derechos que han agraviado a cientos de miles de personas y a la sociedad mexicana en general.

Dos han sido los factores fundamentales para enfrentar esta dolorosa herencia: la construcción de una nueva institucionalidad, asumiendo que la responsabilidad primigenia del Estado es cumplir con la garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas; así como el establecimiento de una nueva relación, sin demagogia ni simulación, con las víctimas de estas violaciones, poniendo en el eje de esta relación el respeto a las familias y a las organizaciones que las acompañan, así como el reconocimiento a la legitimidad de sus demandas y a sus derechos.

Si bien este primer año los asuntos que por mayor visibilidad alcanzaron en la opinión pública, fueron la búsqueda e identificación de personas desaparecidas; la protección a periodistas y defensores de derechos humanos; la violencia sistemática en contra de niñas y mujeres, así como los asuntos de migración y refugio, para los que se han dado pasos sustanciales en su atención, como la creación del Sistema y de la Comisión Nacional de Búsqueda; la aprobación del Mecanismo extraordinario forense: la revisión del Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, así como las medidas para enfrentar la violencia de género, y la reivindicación de la mejor tradición de nuestra política exterior en las acciones de asilo y refugio. Para el próximo año deberán redoblarse esfuerzos y emprender mayores acciones.

Esto implicará el fortalecimiento de las políticas para erradicar la tortura y otros tratos indignos; el combate a la trata de personas; consolidar acciones en favor de la salud sexual y reproductiva, en particular el combate al embarazo infantil, y emprender acciones efectivas en la atención a la primera infancia.

Así como atender otros problemas estructurales como los que representan las prácticas discriminatorias y xenofóbicas que han encontrado un caldo de cultivo favorable en diversos sectores de la sociedad recientemente; fortalecer el sistema de justicia y poner freno a la impunidad; garantizar el derecho a la memoria y la verdad, saldando cuentas con nuestro pasado inmediato; replantear de manera integral el sistema de atención a víctimas; asumir la complejidad del desplazamiento forzado interno y, en especial, instrumentar procesos de construcción de paz, que permitan recuperar la presencia del Estado en distintas regiones del país y la reconstrucción del tejido social, de la vida familiar y comunitaria, para dar paso a nuevas formas de convivencia y de construcción ciudadanía.

Se trata de una agenda difícil y compleja que, hay que reconocer, aún no encuentra todas las respuestas y que tiene un largo trecho por recorrer para dar satisfacción a las víctimas, pero que asumiéndose como un asunto de la mayor prioridad para el Estado, debe conjugar a las instituciones públicas con la sociedad, para revertir la tragedia humanitaria que, la desigualdad; la exclusión; la corrupción; la violencia institucional y delictiva, entre otros factores, han impuesto, trastocando la tranquilidad y el derecho a vivir en paz a los mexicanos. En ello el Estado mexicano debe ser implacable.

 

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Alejandro Encinas
Dirigente político de la izquierda mexicana.

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