Garantizar el derecho a ser buscado
Las familias enfrentan la indolencia de la autoridad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 10 de agosto el amparo promovido por las familias de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, exmilitantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en favor del derecho humano de toda persona desaparecida y de sus familias a la búsqueda, a la verdad, a la justicia y reparación del daño causado por hechos tan lamentables como la desaparición forzada en nuestro país.
La desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya se registró en un contexto de inconformidad social tras las acciones de persecución y represión del entonces Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, en contra del magisterio y de las organizaciones sociales organizadas en torno a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La Comisión de Mediación que se creó para investigar estos hechos señaló que el motivo de su desaparición obedeció a su participación política en el EPR y que en ésta participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y policías ministeriales y estatales, coordinados desde la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Por su parte, las familias han señalado que sus familiares fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca y posteriormente trasladados al Campo Militar número uno y que desde ese momento se desconoce su paradero.
En julio de 2014, el Poder Judicial de la Federación ordenó la búsqueda y localización de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en centros militares, de Seguridad Nacional, PGR y de la entonces Policía Federal. Actualmente hay ocho personas detenidas en diversos penales federales, y otras más se encuentran bajo proceso de investigación como el exprocurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez. Parte de las exigencias de los familiares ha sido el castigo a los autores materiales responsables de la desaparición forzada, así como de los integrantes de la cadena de mando que ordenó y ejecutó este crimen de Estado.
Uno de los mayores problemas ante la desaparición forzada es la falta de sensibilidad de la autoridad y la impunidad ante este delito. En la búsqueda de sus seres queridos, las familias enfrentan la indolencia de jueces y ministerios públicos para realizar las investigaciones necesarias. La lentitud de los procedimientos judiciales y la negativa al amparo en materia de desaparición, se convierten en un calvario que genera un vacío legal para acceder a la justicia.
Con la resolución de la Corte se fortalece el derecho de toda persona a ser buscada. A la búsqueda en vida de personas desaparecidas y, en su caso, a la búsqueda, identificación y trato digno de quienes perdieron la vida, y de los familiares favoreciendo el acceso a la justicia y con ello erradicar las graves violaciones cometidas por las autoridades en materia de represión política y desaparición forzada poniendo en el centro el derecho de las personas.
En su dictamen, la Suprema Corte de Justicia establece lineamientos para el despliegue de las facultades en la búsqueda y localización de toda persona desaparecida encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que fortalece el enfoque de derechos humanos, se combaten inercias institucionales, complicidades, corrupción y por lo tanto impunidad, lo que representa un llamado a las instituciones a sumar esfuerzos, dejar de lado el celo institucional y garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, y acceder a la justicia.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
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