Conocer y atender la situación de la población de la diversidad sexual y de género, es una tarea a la que le falta camino por recorrer. Actualmente ningún país del mundo cuenta con una cifra oficial de este sector de la población.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, casi 2.7 millones personas declaran no ser heterosexuales, lo que representa 3.2% de la población nacional. El Conapred estima, con base en el censo 2020, que, cerca de 345 mil hogares están integrados por parejas del mismo sexo, lo que representa 1% de los hogares en México; de ellos, dos terceras partes contaba con hijos o hijas.
La discriminación contra la diversidad sexual y de género normaliza actitudes y prácticas que se traducen en la negación y violación de derechos humanos, en brechas de desigualdad socioeconómica y en violencia que puede amenazar o terminar con la vida de personas. En los últimos 5 años suman al menos 461 muertes violentas de personas de la diversidad sexual y de género, de las cuales, se registraron 78 en 2021, por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género.
De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, el hogar es el primer espacio de rechazo y exclusión. Por ejemplo: 92% de las personas encuestadas informó que tuvieron que ocultar su orientación sexual o identidad de género a sus familias. En la Enadis 2017, las personas trans, gay y lesbianas, dijeron que sus derechos son poco o nada respetados. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, señala que 7 de cada 10 personas de 15 años y más consideran que en México se discrimina, rechaza o trata diferente a las personas por su orientación sexual diversa.
En el entorno escolar, 9 de cada 10 personas atestiguaron conductas de burla o molestia hacia otra persona por su orientación sexual o identidad de género; 7 de cada 10 escucharon comentarios negativos u ofensivos y casi 3 de cada 10 vivieron agresiones físicas por los mismos motivos.
En el ámbito laboral, 6 de cada 10 personas han escuchado o visto comentarios, conductas o actitudes negativas hacia colegas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y 3 de cada 10 han vivido en carne propia este tipo de conductas.
Existen avances legislativos y de política pública para la inclusión y no discriminación de estos grupos sociales. El artículo primero constitucional considera a “las preferencias sexuales” como una categoría protegida contra la discriminación, así como la ley Federal para Prevenir y la Discriminación y la jurisprudencia emitida por la SCJN para avanzar en el reconocimiento a partir del matrimonio igualitario, lo que ha llevado a que 26 estados del país lo reconozcan en sus códigos civiles. Además, se ha logrado la obligación de los partidos políticos a postular candidaturas con personas LGBT+, lo que llevó a la elección histórica de dos mujeres transgénero y a una presidencia municipal con una persona gay.
Para seguir avanzando en el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, el Inegi ha levantado la primera Encuesta sobre Diversidad Sexual y de Género para tener información clara sobre esta población de 15 años y más, la cual se dará a conocer el próximo 28 de junio y será la primera encuesta en el mundo en captar a la población con identidad de género u orientación sexual no convencional.
Con ello, se dará un paso importante para generar política pública que impulse un cambio cultural que reconozca que somos una sociedad diversa. También, para que los estados puedan conocer y atender una realidad que los sesgos ideológicos han negado. El derecho de las personas a su identidad de género y orientación sexual, permitirá seguir avanzando como sociedad y como gobierno en generar una sociedad abierta, inclusiva, que garantice el derecho de todas las personas al libre desarrollo de su personalidad.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
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