Los esfuerzos por crear un sistema de cooperación multilateral para articular una alianza permanente entre los Estados de las Américas que permitiera preservar su independencia frente a potencias externas, resolver los conflictos y controversias y sentar las bases de una confederación política a partir de la igualdad jurídica de los Estados, se remontan a principios del siglo XIX, con Simón Bolívar.
A finales del mismo siglo, en la Primera Conferencia Internacional Americana con sede en Washington (1889-1890), donde se reunieron 18 países, entre ellos México, se avanzó en el proyecto de un tratado de arbitraje para la solución pacífica de controversias, que planteaba la nulidad y no reconocimiento de las adquisiciones territoriales obtenidas mediante guerras de conquista; Si bien no se logró la firma de ese tratado, se logró el reconocimiento de la igualdad jurídica de los Estados, así como el respeto a la soberanía de los nuevos países americanos y el fortalecimiento de la unidad continental.
Fue hasta la Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, Uruguay (1933), cuando se logró la consagración jurídica explícita de la no intervención y se adoptó la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, que en su artículo 8 establece que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro y la solución pacífica se reafirma como obligación.
Estos antecedentes apuntalaron la creación de la Organización de los Estados Americanos, y con ello la organización jurídica del sistema interamericano para preservar la paz y la seguridad del continente, sobre la base del derecho internacional y la cooperación entre Estados soberanos siguiendo los principios fundamentales de no intervención en los asuntos internos, prohibición del uso de la fuerza y solución pacífica de las controversias como obligación jurídica permanente.
No se trata de principios abstractos, son principios que tienen en su raíz los acontecimientos que durante el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX permearon la realidad continental, primero frente a la visión colonialista europea y, segundo, frente a Estados Unidos, que había realizado intervenciones para apropiarse de territorios. Basta recordar para nuestro país la anexión de Texas (1845), la ocupación de nuestro territorio entre 1846 y 1848, la presión diplomática para comprar La Mesilla (1853); o en otras latitudes del continente la ocupación de Cuba (1898-1902), su participación directa en la separación de Panamá de Colombia para la construcción del canal (1903); y las ocupaciones de Nicaragua (1912-1933); Haití (1915-1934) y de República Dominicana (1916-1924).
En la segunda mitad del siglo XX, con Estados Unidos erigido en una potencia hemisférica, el continente enfrentó su intervención para derrocar e imponer gobiernos, como sucedió en: Guatemala (1954) tras la reforma agraria de Jacobo Árbenz; Cuba (1961) y la invasión de Bahía de Cochinos; Brasil (1964), cuando apoyó el golpe que derrocó a João Goulart y se instauró una dictadura militar; República Dominicana (1965), con el despliegue de 20 mil tropas para impedir el retorno de un gobierno reformista; Chile (1973), impulsando al golpe militar contra Salvador Allende; Nicaragua (1981–1990), financiando y entrenando Los Contras al gobierno sandinista; Granada (1983), para derrocar el gobierno de Maurice Bishop; Panamá (1989), en el derrocamiento de Manuel Noriega.
En las últimas semanas hemos asistido en tiempo real a una agresión militar en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y en el homicidio de decenas de personas, acusados de liderar el “Cártel de los Soles”, aunque en días posteriores la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reformuló la acusación de narcotráfico y conspiración, señalando que no existía dicho cártel. Es decir, se utilizó, nuevamente, una acusación falsa para sostener una narrativa que sirvió como coartada para intervenir en ese país.
Presenciamos también, cómo el presidente de Estados Unidos declaraba que asumiría la dirección del país hasta lograr una transición segura, anteponiendo el control del petróleo por sobre el proceso político, tirando por la borda el derecho internacional y el sistema interamericano de respeto entre las naciones creados durante más de un siglo.
Los hechos ocurridos el 3 de enero nos acercan nuevamente a un escenario que trae a la memoria los momentos más oscuros de la historia de nuestra América, que dejaron una estela de violencia, dolor y desigualdad, nunca de democracia, bienestar ni estabilidad duradera. Es necesario hacer una profunda reflexión colectiva sobre lo acontecido para encarar esta nueva y lacerante realidad desde una perspectiva humanitaria, haciendo valer el derecho internacional, y la defensa de nuestra integridad y soberanía.
Embajador ante la OEA