La intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela mediante la cual capturó al presidente Nicolás Maduro para juzgarlo por narcotráfico y otros delitos ha propiciado un candente debate. Algunas personas, aunque reprueban el carácter dictatorial, autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro, enfatizan la ilegalidad de las acciones del gobierno de Donald Trump y condenan el uso unilateral de la fuerza. Para esta visión, el fin no justifica los medios. Desde otra perspectiva, se da mayor peso o valor a la defensa de la democracia y los derechos humanos y, ante el cierre de las vías institucionales internas y diplomáticas para el cambio político en Venezuela, se considera como necesario el uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos. El fin sí justifica los medios. Este debate por supuesto es pertinente y necesario. ¿Debemos condenar la injerencia estadounidense, y sobre todo los medios utilizados, independientemente de sus posibles efectos en la vida democrática y el respeto a los derechos humanos? ¿Debemos condenar esta u cualquier otra injerencia armada por parte de una potencia en los asuntos internos de otro estado? ¿O, por lo contrario, debemos aplaudir y hasta agradecer al gobierno de Trump por haber depuesto a un dictador, violador de derechos humanos?
Podríamos abordar este debate haciendo un análisis cuidadoso, tomando como punto de referencia las normas internacionales existentes aplicables al caso, particularmente el Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la norma de la “Responsabilidad de proteger”. Un análisis en estas líneas nos llevaría a concluir que la intervención militar por parte del gobierno de los Estados Unidos para deponer a Nicolas Maduro fue ilegal y por lo tanto, yo argumentaría, ilegítima, independientemente de que Maduro haya sido, en efecto, un dictador y violador de los derechos humanos. Alguien podría responder que, en ese caso, las normas internacionales existentes son un mal parámetro de legitimidad. Pero lo que quiero enfatizar en este espacio es que este es, en todo caso, un debate secundario. El problema central que genera la intervención de los Estados Unidos en Venezuela va más allá de los criterios para la definición de intervenciones legítimas para proteger a la democracia y los derechos humanos.
Las acciones del gobierno de Trump para capturar a Nicolás Maduro nunca tuvieron el objetivo de salvaguardar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Ni siquiera fueron justificadas discursivamente de esa manera. Lo que el gobierno estadounidense realmente está persiguiendo son sus objetivos de política interméstica (internacional y doméstica), estrechamente vinculados a la narrativa social, económica y política de la base socio-política del gobierno de Trump. Me refiero a sus explicaciones sobre los “grandes males” que afectan a la sociedad y a la nación estadounidense: las drogas, el declive del aparato industrial y el deterioro del poder global de los Estados Unidos, entre otros. Así lo muestran las acciones y discursos que han sido el preludio a las acciones del 3 de enero de 2026.
El gobierno de Trump ha calificado al ingreso de drogas ilícitas a los Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional. En este sentido, desde su primer término presidencial ha acusado a Nicolás Maduro de ser un narco-terrorista que ha conspirado para inundar a los Estados Unidos con las drogas que tanto afectan a su población. Los bombardeos de pequeñas embarcaciones que presuntamente transportan drogas destinadas al mercado estadounidense – que han resultado en la ejecución extrajudicial de más de 100 personas – han sido justificadas mediante esta narrativa.
Otro objetivo que está realmente detrás de la intervención armada en Venezuela tiene que ver con el petróleo. Por supuesto: Venezuela cuenta con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta. En semanas previas, los Estados Unidos han venido interceptando buques cargados con petróleo venezolano e incluso han atacado instalaciones portuarias de este país. El interés en controlar el petróleo venezolano tiene relación con los objetivos de política interméstica del gobierno estadounidense desde dos perspectivas. Por un lado, el presidente Trump ha argumentado explícitamente que están buscando “recuperar” la industria petrolera en Venezuela. La intención es que las compañías estadounidenses que dejaron el país regresen y recuperen lo que “era suyo” y hagan mucho, mucho dinero. De paso, esto tendrá el objetivo geopolítico de controlar una de las principales fuentes de petróleo para China.
Por todos lados, el objetivo de la intervención estadounidense en Venezuela no han sido la defensa de la democracia y los derechos humanos sino el objetivo de Make America Great Again.
Es evidente el enorme riesgo que este modo de proceder presenta para el mundo, particularmente para América Latina – recordemos el reciente “relanzamiento” de la Doctrina Monroe. Este inicio de año, el gobierno de Trump ha dejado muy claro que, si así lo decide, podrá utilizar la fuerza militar para perseguir cualquiera de sus objetivos de política interna o internacional. La legalidad o la legitimidad de sus acciones serán lo de menos. Ya no habrá necesidad de ni siquiera tratar de justificarse ante el mundo, haciendo referencia a normas o valores superiores. Las reglas del juego están siendo redefinidas y en este nuevo juego las normas internacionales y valores universales impulsados por el propio Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y fortalecidos tras la caída del bloque soviético no importan. O eso es lo que claramente pretende el gobierno de Trump.
Un mundo sin normas y dominado por potencias que puedan utilizar la fuerza militar para perseguir sus propios intereses (cualesquiera que sean) no puede ser una buena noticia. Pensar que las potencias – Estados Unidos, Rusia o China – podrán actuar buscando el bienestar o la seguridad de las poblaciones de otros estados es una ingenuidad. No lo perdamos de vista.
Vicerrector Académico, Universidad Iberoamericana Ciudad de México