En México, la violencia de género contra las mujeres y la violencia feminicida va en aumento. Durante marzo XXXXXX, tan solo por el delito de violencia familiar se abrieron 23 mil 709 carpetas de investigación , lo que significó un incremento del 30.2 por ciento con relación a febrero pasado. A pesar de ser cifras alarmantes, están lejos de reflejar la gravedad de este flagelo. Las mujeres aún temen denunciar y las políticas públicas que se han hecho para reducir la cifra negra en delitos de violencia de género contra las mujeres aun no arrojan grandes resultados. Actualmente, 9 de cada 10 mujeres víctimas de violencia no denuncian.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, Endireh 2016 , señala que las razones por las que las mujeres víctimas de violencia de género no denuncian o piden apoyo a alguna institución, se reduce a las siguientes: por considerar que se trató de una situación sin importancia; miedo a las consecuencias o vergüenza, o por pensar que su testimonio no tendría ninguna credibilidad.

La Endireh arrojó que en México al 17.9 por ciento de las mujeres su pareja las ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma en tanto, que al 6.5 por ciento sus parejas les exigieron u obligaron a sostener relaciones sexuales, o hacer cosas que no les gustan y que van en contra de lo que ellas desean, incluyendo, relaciones sexuales sin protección, mirar actos o escenas sexuales o pornografía .

A las cifras señaladas, lamentablemente se les debe sumar la violencia institucional que viven día a día las mujeres al acercarse a las instituciones a solicitar apoyo o a ejercer su derecho a la justicia. El caso de Marisol, al igual que muchos otros que suceden a diario en nuestro país, ejemplifica con claridad cómo funcionan las instituciones frente a la violencia de género contra las mujeres. El 6 de junio de 2020, Marisol acudió a la Unidad de Investigación de Delitos en razón de Género de Jalisco , para denunciar a su entonces pareja sentimental José Antonio “N”, por los delitos de violación, lesiones y privación ilegal de la libertad. No obstante, lo único que obtuvo por parte de las autoridades en una clara muestra de una violación a sus derechos humanos, fue que la enviaran a prisión.

Marisol y José Antonio “N” mantuvieron una relación de pareja por cinco años, tiempo en el que José Antonio ejerció todo tipo de violencias en contra de ella. Humillaciones, gritos y golpes fueron características constantes de esta relación.

Sin embargo, el último episodio de violencia que sufrió Marisol a manos de su entonces pareja hizo que ésta saliera del círculo de la violencia y decidiera denunciar: por reprocharle un pellizco Jose Antonio “N” la golpeó, la violó, la retuvo en el departamento y la amenazó con meterla a la cárcel; amenaza que ya cumplió.

Cuando Marisol acudió a denunciar mostraba evidentes lesiones físicas en cara y brazos, no obstante, desde el 23 de diciembre pasado se encuentra presa en un penal de Colima . Fue denunciada por su ex pareja por los delitos de extorsión y chantaje en Jalisco y Colima. La frase mexicana “con dinero baila el perro” aplica perfectamente para este caso. José Antonio “N”, es un empresario con poder político y económico que enfrenta el proceso en libertad y quien no dudó en utilizar su red de “apoyo” para cumplir con su venganza.

Fue el juez Octavo de Control en Materia Penal en Jalisco quien fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada en contra de Marisol y fue recluida en el penal de Puente Grande . Al no acreditarse los delitos, fue liberada; pero al salir, fue nuevamente aprehendida ahora por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Colima, y puesta a disposición de un juez de Control de Primera Instancia en dicha entidad.

Colectivos feministas

han denunciado que en nuestro país Marisol no es la única mujer en el país que ha sido encarcelada por denunciar a su agresor, en Veracruz, María, Danna y Obdulia, también enfrentan un proceso penal por la misma causa.

Son casos que evidencian la injusticia que seguimos viviendo como mujeres en México al alzar la voz y querer ejercer nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Son 14 años los que han pasado desde la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y aún no hemos logrado darle cumplimiento total a cada uno de sus artículos. Como mujeres no contamos con las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que, según esta Ley, deben de implementarse a favor de nosotras. Mientras tanto sigamos en la lucha, sigamos alzando la voz, sigamos visibilizando.

Maestra en políticas públicas.
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)