Pese a los esfuerzos que se han hecho para frenar las violencias contra las mujeres, el resultado no es satisfactorio, rumbo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que adoptó el Consejo General de la Organizaciones de las Naciones Unidas, en México a las violencias de género se suma la violencia vicaria , visibilizada de manera cotidiana en los juzgados de lo familiar, pero ausente en la legislación.

Madres víctimas de violencia vicaria de Yucatán , Chiapas , Jalisco, Estado de México, Morelos y Quintana Roo, entre otros, que integran el Frente Nacional de Mujeres, demandan que este tipo de violencia machista sea legislada e incorporada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

España, es el único país en el mundo en reconocer la violencia vicaria; fue incluida en su legislación de género, luego de que en 2018 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ( CEDAW ), emitió una condena en su contra por no proteger a Ángela González, víctima de violencia de género, y a su hija de siete años, a la que su padre maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas acordadas en el régimen de separación.

En nuestro país poco se habla de esta realidad; hay un registro de 205 casos en los cuales el 80 por ciento de las mujeres fueron separadas de sus hijos de manera inesperada, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional acerca de Violencia Vicaría en México, realizada por la agencia Altermind a petición del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV).

Especialistas y madres víctimas afirman que un “violentador” no puede ser un buen padre, sin embargo, para la jueza Laura Galván Salgado, no es así, le otorgó la guardia y custodia de las menores Maya y Gal de 15 y 13 años a su padre Guy Dorel, de origen israelí.

En la audiencia celebrada en el juzgado tercero de lo civil de primera instancia de Morelos, las niñas expresaron con lágrimas su descontento y enojo de irse con su padre a Israel; lo acusaron de ser violento con ellas al igual que su pareja sentimental, por ello pidieron quedarse con su madre; de manera lamentable no fueron escuchadas, su padre se las llevó contra su voluntad.

Familiares denunciaron irregularidades en el proceso, como es el hecho de que las niñas no fueron entrevistadas previamente por el perito Cristóbal Mariaca. Carolina Inés Medina, madre de Gal y Maya, denunció que su ex marido ofreció 3 millones de pesos a una jueza y otros funcionarios del TSJ Morelos para quitarle a sus hijas.

Es un caso que evidencia la urgencia de que la violencia vicaria sea legislada e incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque es aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objetos a las hijas o hijos, para dañarla, como lo define la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro.

Hablamos de víctimas que se han quedado sin la custodia de sus hijos o han sido apartadas de ellos, lo que es una de las manifestaciones de este tipo de violencia machista que avanza silenciosamente hasta exceder los límites de la crueldad: deshumanizar a los hijos o seres queridos de una mujer y convertirlos en instrumentos para provocarle el mayor dolor posible.

Es una violencia en la que las madres víctimas, después de incluso haber salvado su vida, enfrentan a un enemigo en común: un sistema que las desampara frente a abogados y cómplices con poder que conocen el camino para obtener resoluciones judiciales a su favor, a pesar de contar con denuncias de violencia familiar, sexual e incluso de feminicidio .

Maestra en políticas públicas
@Ale_BarralesM

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