Desde hace muchos años no ha sido fácil ser mujer en México, tenemos que luchar por nuestras vidas, pues en tanto que en el mundo tres de cada 10 mujeres sufren violencia, en nuestro país la cifra es 7 de cada 10, de acuerdo con la cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 y no existe evidencia de que la tendencia vaya a la baja.
Por el contrario, se ha agudizado ahora que estamos viviendo un periodo particularmente complicado, con incrementos en la violencia contra las mujeres en el contexto de una pandemia sanitaria por Covid-19, que le pega de manera particular a las mujeres en lo económico, en lo social y en la seguridad.
La terca realidad se impone, durante 2020, el 96 por ciento de las mujeres que han acudido a los refugios para mujeres víctimas de violencia y centros de atención externa, ha sido por la violencia que se registra al interior de los hogares, según registros del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
El feminicidio es la expresión máxima de la violencia en contra de las mujeres y por quinto año consecutivo registra un alza sostenida en las cifras oficiales, De enero a agosto de 2020, se abrieron 645 carpetas por feminicidio, en tanto que en 2019 fueron 631 durante el mismo periodo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Colectivos feministas han señalado que al arranque de este sexenio, en promedio se registraban 9 feminicidios cada día y ahora se estima que la cifra es de al menos 11 feminicidios cada 24 horas.
Los feminicidios pueden prevenirse, porque es un flagelo que se anuncia cuando una mujer llega a un hospital lesionada, acude a las fiscalías estatales y a un tribunal, pero es lamentable que las autoridades sigan sin atender y sin prevenir esa violencia estructural en contra de las mujeres.
En el acceso a la justicia, las familias de las mujeres y niñas víctimas de feminicidio tienen que enfrentarse con otra barrera, la impunidad. La impunidad que alimenta al delincuente, al feminicida, porque sabe que sólo existe un dos por ciento de probabilidad de que sea detenido y procesado, de que pague ante la justicia por arrebatarle la vida a una mujer.
Estamos ante un panorama muy gris y sin tener hasta ahora un programa nacional intersectorial para atender la violencia estructural contra las mujeres. La gravedad del problema ni siquiera la podemos dimensionar porque los indicadores oficiales no permiten ver esa gravedad, además de que los indicadores con que se mide la violencia en México, fueron creados desde 2008 y no contemplan las nuevas dinámicas de violencia.
Otro pendiente son los huérfanos por feminicidio, siguen en el olvido y no cuentan con una política pública de atención. La mayoría quedan en la orfandad total y, los más afortunados con los abuelos, en precariedad y sin acceso a la justicia, lo que los hace más vulnerables a ser víctimas del crimen organizado, como esclavos sexuales o enrolados en la transportación de drogas.
Hay niñas y niños, que presenciaron la muerte de su madre en manos de su padre o del hombre con el que vivía la madre, lo cual les genera una situación traumática, por ello, es urgente establecer un programa de cuidados como parte de la reparación del daño.
Se debe analizar el contexto complejo que vivimos, porque de lo contrario seguiremos siendo testigos de cómo crece esta pandemia a lo largo del territorio y nunca se va a parar el problema.
Maestra en políticas públicas. @Ale_BarralesM
