Ningún país puede tener prosperidad y desarrollo si no cuenta con un sólido estado de derecho y de respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos, en especial, de sus grupos más vulnerables, por ello proteger los derechos de las mujeres, prevenir la violencia de género y los feminicidios es fundamental para el progreso de nuestra nación.

El objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece como meta ver un mundo con igualdad de género, como una de las bases para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, sin embargo, la realidad actual no es alentadora.

De acuerdo con la creadora del mapa de feminicidios en México, María Salguero Bañuelos, están asesinando entre 10 y 11 mujeres al día. En 2019 le arrebataron la vida a 3 mil 825 niñas, adolescentes y mujeres, pero en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo 976 casos fueron clasificados como feminicidios. En el estudio Igualdad ante la ley para las mujeres y niñas para el año 2030, se señala que más de 2 mil 500 millones de mujeres y niñas en el mundo sufren las consecuencias de vivir en un contexto que no garantiza el acceso a oportunidades de desarrollo y la protección de sus derechos humanos en condiciones de igualdad.

De acuerdo con el documento elaborado por ONU Mujeres, el principal obstáculo lo constituyen la falta de políticas públicas especializadas y la falta de mecanismos legislativos eficientes.

Debemos tener claro que el análisis de la violencia que afecta a niñas, adolescentes y mujeres se debe realizar desde un enfoque multidimensional, porque su efecto no solo daña los bienes jurídicos tutelados, sino que impacta en la esfera social y en las formas de convivencia de nuestra sociedad.

A lo anterior, se suma la vulneración del sistema de derechos humanos, incluido el acceso en condiciones de igualdad a las oportunidades de libre desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres.

De acuerdo con el Estudio global sobre homicidios, asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en 2018, alrededor de 87 mil mujeres fueron asesinadas en todo el mundo en 2017.

Del total, el 58%, es decir 50 mil fue a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a que 6 mujeres son asesinadas cada hora por personas que conocen.

Es cierto que la mayoría de las víctimas de homicidio son hombres, pero son las niñas, adolescentes y mujeres, las que tienen más probabilidad de ser asesinadas por sus parejas, familiares o conocido. Son las mujeres las que siguen pagando el precio más alto, como resultado de la desigualdad de género, la discriminación y los estereotipos negativos.

Se debe reforzar la capacidad de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia mediante la profesionalización, con perspectiva de género, de los funcionarios que tienen contacto con niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.

Es impostergable el trabajo conjunto y coordinado de instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas para poder transformar factores estructurales que promueven, legitiman y perpetúan la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.

Vivimos una situación de emergencia y el Estado debe enviar un mensaje claro para acabar con la impunidad y transformar la inseguridad en la que nos encontramos las niñas, adolescentes y mujeres en todo el territorio nacional.

En el tema de violencia de género, estamos obligados a trabajar de manera conjunta y coordinada, formando un mismo frente y apuntando a un objetivo único: salvaguardar la integridad y vida de nuestras niñas, adolescentes y mujeres.


Maestra en políticas públicas.

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