La omisión también cuesta vidas

Alejandra Barrales

En México los derechos humanos de las mujeres siguen siendo una deuda y se sigue minimizando la violencia brutal que prevalece en su contra; su vida peligra en cualquier parte del territorio nacional, pero son ocho las entidades que resultan más peligrosas, pues concentran más del 50 por ciento de los 842 feminicidios que se han registrado de enero a octubre del presente año.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades donde mayor peligro corre la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, son el Estado de México, con 120 feminicidios; le sigue Veracruz, con 62; Jalisco, con 59; Ciudad de México, con 55; Nuevo León, con 51; Chiapas y Chihuahua, con 42 carpetas cada una y Sinaloa, con 39 casos.

En 2021, la Ciudad de México se ha mantenido en el cuarto sitio, pese a que desde el 7 de junio de 2019 se decretó la Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, lo cual no pasó con la niña Zoe, de tres años de edad, a quien finalmente su padrastro la asesinó hace unos días.

A las cifras, lamentablemente se les debe sumar la violencia institucional que viven día a día las familias de víctimas al acercarse a las instituciones a solicitar apoyo o a ejercer su derecho a la justicia.

La señora Nora Patricia, tía de la niña, narró que el 26 de octubre pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas y Niños Adolescentes, acompañada con una fotografía de la menor donde se le observaba golpeada, y una semana después esta instancia canalizó el caso a la Agencia 59 del Ministerio Público, pero sin anexar la imagen y sin activar los protocolos de protección. Pese al peligro de muerte que corría, la Agencia 59 tampoco activó los mecanismos de protección.

La Ciudad de México cuenta con una Fiscalía Especializada en Feminicidio, integrada por 85 ministerios públicos y policías de investigación, que de acuerdo con las autoridades, se encuentran en capacitación constante para brindar una atención de mayor calidad a las víctimas. A Zoe la asesinaron 26 días después de que las autoridades no atendieron la denuncia de su tía.

El caso de Zoe, al igual que muchos otros que suceden a diario en nuestro país, ejemplifica con claridad cómo funcionan las instituciones frente a la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres. Es una evidencia de que la justicia con perspectiva de género sigue ausente en las instituciones de procuración de justicia, lo que sigue costando vidas como la de Zoe.

Es importante señalar que las investigaciones y resoluciones con perspectiva de género no solo involucran la aplicación de las leyes, sino también el compromiso de comprender las dinámicas sociales a partir de nuestra actualidad pero sin omitir el pasado que conlleva.

Debemos tener claro que cuando se habla sobre igualdad de género o de paridad no solo se circunscribe a temas de mujeres, sino que es el aprendizaje y la adopción de otra perspectiva de inclusión, otra forma de justicia más completa, basada en los derechos humanos.

Las violencias contra las mujeres son una enfermedad que poco a poco nos consume a la sociedad en su conjunto, por ello debemos apostar a avanzar en la construcción de un país en el que ser mujer no sea motivo de miedo, en el que podamos alzar la voz y ejercer nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.

 

Maestra en políticas públicas.
(@Ale_BarralesM)
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