Argentina Gallardo Veloz, de 30 años de edad y madre de dos niños, había decidido dejar a su novio Israel al enterarse que él estuvo en la cárcel por intento de feminicidio y la violación de su sobrina menor de edad.

No lo logró, Argentina fue asesinada mientras dormía la madrugada del 5 de agosto pasado. Israel le propinó 15 puñaladas en el pecho, otra en la yugular, dos en la cabeza, dos en la boca y una en la frente porque lo iba a dejar.

Argentina conoció a Israel desde hacía años atrás, pero dejaron de verse por un largo tiempo; él la reencontró y contactó por Facebook, fue así que comenzaron una relación a distancia y finalmente el 8 de junio pasado decidieron vivir juntos en Acuña, Coahuila.

Las primeras semanas ella publicaba en sus redes sociales que estaba feliz con su novio, pero a finales de julio el tono de los mensajes cambió, Argentina ya estaba incómoda con la relación.

El primer fin de semana de agosto, Argentina compartió a su familia la decisión de separarse de Israel. El motivo fue que la ex pareja de Israel, víctima de intento de feminicidio, contactó a Argentina para contarle su episodio, pero también le reveló que había atacado sexualmente a su sobrina menor de edad, la cual se habría suicidado de manera misteriosa meses atrás.

En el clima de violencia que se vive en el país, en donde cada dos horas y media le arrebatan la vida a una mujer y cada 24 horas 51 niñas, adolescentes y mujeres son víctimas de violencia sexual en el territorio nacional, es grave que un servidor público utilice adjetivos sexistas y misóginos para referirse a las mujeres. Una disculpa no basta.

Es urgente que se atienda la demanda de funcionarias, políticas y colectivos de mujeres de Michoacán que exigen la destitución del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde.

Es inaceptable que el servidor público haya utilizado el adjetivo de “pirujas” para referirse a las concubinas de los derechohabientes del ISSSTE, al acusarlos de pagar cuotas bajas y a cambio exigir atención médica costosa para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas, en un acto público oficial realizado en Apatzingan, Michoacán.

Está claro que sus adjetivos “piruja” y “nalguita” esconden una cultura de machismo, misoginia y estigma, que como funcionario es muy grave, porque normaliza y legitima la violencia contra las mujeres.

Es un funcionario que sus declaraciones, registradas en menos de una semana en un evento público oficial y en una reunión con sus subalternos, reflejan su pensamiento, valores y el concepto que tiene sobre la mujer.

El doctor Mireles debe tener claro que como funcionario representa los valores de un gobierno y que sus calificativos violentos contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos, en donde se establece que las mujeres somos seres humanos con derechos. Derecho a que sea respetada nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra integridad.

La violencia contra las mujeres es aquello que se hace y lo que se deja de hacer, ya sea bajo amenaza, que lastima, daña física y psicológicamente, pero sobre todo, que atenta contra la dignidad de las personas, en este caso de las niñas, adolescentes y mujeres.

En el tema de la violencia de género el lenguaje sí importa, porque mientras sigamos repitiendo, defendiendo o tolerando expresiones que dañan la integridad y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres, seguiremos teniendo esta realidad, en donde la espiral de la violencia feminicida sigue en ascenso de manera alarmante.

Maestra en políticas públicas
@Ale_BarralesM

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