Los problemas estructurales que atraviesa América Latina en los últimos meses han generado diversos movimientos sociales; no obstante, aunque estas situaciones son las que desatan en un primer momento la desazón colectiva, no son las causas subyacentes de la protesta. Por poner un ejemplo: Nicaragua no vive su actual situación de conflicto debido a las reformas que se hicieron al sistema de seguridad pública el año pasado, sino que esta crisis es resultado del continuismo político neoliberal contra el que se rebeló el sandinismo el siglo pasado. De la misma forma, Estados Unidos de América (EUA) no impuso sanciones al gobierno de Ortega por la crisis social que vive, sino por la amenaza que supone el interés de Ortega por diversificar su comercio con Irán, Rusia y China. Es decir, las tensiones y conflictos de la región son aprovechadas por los grandes agentes internacionales (gobiernos o empresas) para establecer su narrativa de violación a los derechos humanos como una estrategia de dominación colonial que puede fomentar, como en este caso, marginación de un Estado soberano a través de la imposición de sanciones ilegales.
Actualmente al menos diez naciones del Continente se encuentran en tensión por diversos conflictos. Haití vive una verdadera crisis humanitaria, pero, debido a su pobreza estratégica y de recursos naturales, ha sido ignorada por la comunidad internacional, en cambio la situación que más interés mediático genera es la de Chile por su importante valor económico y político en la región. Este último se encuentra enfrascado en una multitudinaria protesta que comenzó a raíz del incremento en el precio del transporte público.
Dicho incremento desató protestas de estudiantes, uno de los grupos más afectados, ya que por lo general carecen de ingreso propio, además se encuentran endeudados por los altos costos educativos (una familia promedio gasta 73% de su ingreso en pagar la carrera universitaria de un solo integrante). Este movimiento ha sido apoyado por diversos sectores de la sociedad, principalmente por los jubilados, quienes en promedio reciben la mitad de su salario mínimo como pensión, lo que ha generado desde el Estado una inesperada y rápida respuesta en forma del uso de la fuerza pública para intentar aplacar a los inconformes.
Surge la pregunta sobre ¿por qué, por primera vez desde el fin de la dictadura y sin evidencia de amenaza alguna, el Estado democrático chileno desplegó al ejército en las calles con autorización de usar fuerza letal y en menos de una semana se revierte el discurso y el actuar? Lo que está en juego es la representación económica neoliberal en la región, además, de la estructural dependencia internacional del cobre chileno.
Tan solo en 2017, Chile suministró 27.5% del cobre a nivel global, su importancia es tal que ni siquiera los tres países que le siguen en el ranking mundial (Perú, China y EUA) suman el total de lo que extraen los chilenos. Este metal es fundamental para la industria automotriz eléctrica. La producción de estos vehículos creció en 92% en el mundo solamente en los primeros seis meses de este año y se espera que en menos de 6 años remplace 10% del parque automotriz internacional (actualmente poco más de 1,2 billones) y, en no más de 20 años cubra la demanda total de varios países en Asia. Si además se considera que la migración al uso de vehículos eléctricos es una de las principales recomendaciones de “sustentabilidad” por la mayor parte de organismos internacionales, esta industria tiene su futuro económico asegurado.
Contrario al supuesto beneficio ecológico de estos vehículos y para júbilo de la minería de cobre chilena esto es una buena noticia debido a que para la producción del motor de un automóvil convencional se requieren hasta 22 kilos de este metal; mientras que para uno completamente eléctrico la demanda es de 83 kilos. Por lo que el consumo de este mineral en los próximos 6 años podría aumentar en 800% (IEA, 2017).
El riesgo de cambio en uno de los gobiernos que implementa uno de los modelos productivos más amigables con el sector minero internacional por los abultados beneficios que le genera (de acuerdo con Eduardo Titelman, ex asesor de tres ministros de la minería en Chile entre 2005 y 2009, este sector acumuló 13 mmd en utilidades extraordinarias que el Estado chileno no percibió por su debilidad tributaria), sobre todo en la actual tesitura del incremento en la demanda del cobre, provoca nerviosismo comercial y empresarial. Y es que, junto a Colombia, Chile es en América del Sur uno de los principales y más leales aliados de EUA, su posición geográfica e importancia en la cadena productiva mundial es angular en la estrategia de control regional norteamericana. Por lo que esta situación desemboca en una respuesta extrema hacia las demandas del pueblo chileno.
Y es que, con excepción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ningún otro organismo internacional o país han condenado abiertamente los resultados oficiales de estas protestas: 23 muertos (casi todos debido al uso de fuerza letal autorizada por el Estado), más de 2 mil heridos, 12 reportes de violaciones cometidas por el ejército, 121 desaparecidos, más de 5 mil detenidos y varios casos documentados de tortura.
No obstante, los chilenos han redoblado esfuerzos y ante la ineficiencia en la estrategia de violencia, el presidente Piñera ha cambiado su discurso público, pues ha pasado de tildar a los manifestantes de vándalos a alegres y pacíficos chilenos, aunque la represión y violencia del Estado no ha parado. Esta abrupta modificación en el discurso es una estrategia para tratar de tranquilizar los ánimos; pero, sin cambios reales (el paquete de reformas ofrecidas no disminuye la carga económica sobre los chilenos, sino que la congela), por lo que puede que no haya una pronta solución en la que existen más intereses de los que uno supone.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Correo: gioconda15@gmail.com
