En la actualidad la actividad minera en México se encuentra en una situación de escrutinio público debido a sus múltiples irregularidades, accidentes y desastres. En los lugares donde se lleva a cabo existe una gran cantidad de comunidades rurales que se debaten entre: a) el apoyo por los beneficios en forma de inversión y trabajo por parte de las empresas y, b) el rechazo a esta actividad por sus diversas consecuencias socioambientales, como la apropiación ilegal y la destrucción territorial.
Algunas de las constantes que se pueden detectar en los principales municipios mineros son la pobreza, marginación y abandono institucional, a pesar de su histórica relación con esta actividad. Lo anterior es producto de la ausencia de mecanismos de redistribución, políticas de combate a las condiciones estructurales de pobreza y regulación de los sectores productivos que hacen uso intensivo del trabajo y de los bienes naturales (Campos y Monroy, 2016).
En el año 2013 el Estado mexicano decidió reformar la Ley Federal de Derechos y crear el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, también conocido como Fondo Minero, el cual tiene como principal objetivo generar inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano en los lugares donde se explotan estos recursos. Esto con el fin de revertir, en parte, las condiciones de pobreza en estos municipios.
El Fondo ha estado activo desde el año 2014 y, hasta 2017 había repartido más de 11,327 millones de pesos (mdp) entre 28 estados del país con el fin de financiar obra pública, ¿cuál es el problema? Al realizar una revisión de los reportes que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) pone a disposición pública, existe omisión de información detallada sobre la ejecución del presupuesto.
La situación en general es alarmante, pues tres entidades (Sonora, Zacatecas y Chihuahua) concentran 63% (7,157 mdp) del total de este beneficio, de los cuales solamente se ha reportado el uso de 4,710 mdp, además de que no se ha informado el destino de 2,446 mdp. Si uno revisa la situación de los tres principales municipios en cada uno de estos estados (en Sonora: Cananea, Nacozari de García y Caborca; en Zacatecas: Mazapil, Fresnillo y Morelos; en Chihuahua: Ocampo, Santa Bárbara, y Madera) se repite el mismo patrón de ausencia de información, pero con una agravante, solamente los municipios de Sonora se encuentran por debajo de la línea de pobreza media nacional con una mejora de su condición previa a la ejecución del Fondo, el resto está por encima hasta con 80% de su población en dicha condición.
Si bien es cierto que no se puede responsabilizar a la minería de la pobreza en estos lugares, lo cierto es que esta actividad es el principal motor económico en estas comunidades y el Fondo minero por lo menos debería apuntalar a la mejora en las condiciones de vida de las poblaciones. La ausencia casi absoluta de avances en el combate a la adversidad y el subdesarrollo, así como la corrupción, son advertencias de que la estrategia requiere mayor revisión.
No se trata de entregar dinero a mansalva o directamente a los pobladores sin control, sino de investigar cómo ha estado funcionando el Fondo, en qué se invirtieron los recursos y en todo caso verificar que los recursos sí se estén ejerciendo. Es importante que lleguen adecuadamente a los beneficiarios y que se estén usando para fines de beneficio común.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Correo: gioconda15@gmail.com
