En la era de la polarización digital y el conflicto ideológico exacerbado, ha surgido una práctica oscura que, por desgracia, ha dejado de ser una actividad marginal de hackers para convertirse en una herramienta recurrente en el ajedrez político de México; el doxing.
El término, derivado de la abreviatura de "documents" (dox), se refiere a la acción de investigar, recopilar y publicar información personal y privada de un individuo (como su dirección, número de teléfono, correo electrónico, detalles de su lugar de trabajo o datos personales) sin su consentimiento. El objetivo, tal como advierten expertos en ciberseguridad, no es otro que intimidar, acosar, dañar la reputación o, en el peor de los casos, alentar la violencia física contra la víctima.
Lo que hoy resulta alarmante es por qué esta práctica que se ha puesto de moda, o incluso ha sido tolerada, dentro del ecosistema de la llamada Cuarta Transformación. La respuesta no radica en una casualidad, sino en una lógica de poder y de control.
Tradicionalmente, el doxing era un instrumento de ciberactivistas o grupos anónimos, pero en la 4T hemos visto cómo se ha sido utilizado, o justificado, desde las más altas esferas del gobierno. El ejemplo más notorio, un punto de inflexión que escandalizó a la comunidad periodística internacional, fue la filtración y exposición pública del número telefónico de una reportera del New York Times por parte del Ejecutivo federal durante una conferencia matutina, en tiempos del expresidente López Obrador.
Este acto reveló la disposición de utilizar datos privados como un arma en contra de la prensa crítica. Se trató de un modus operandi que encajó perfectamente en el ambiente de confrontación permanente que caracteriza a la actual administración.
Un ejemplo más reciente de esta peligrosa tendencia se observó en el ataque contra la académica y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar. En un acto sin precedentes, el gobierno federal utilizó sus plataformas y a Pemex para exhibir el expediente y datos personales de la analista, bajo el pretexto de una investigación sobre una pensión de hace unos 20 años.
La difusión de esta información sensible, que incluyó detalles de una tragedia familiar, se realizó con una clara intención: criminalizar a una voz crítica de la administración y deslegitimar el trabajo de MCCI. La propia divulgación de documentos oficiales con información confidencial fue denunciada ante el INAI, confirmando el uso de datos personales como herramienta de persecución política.
La principal razón por la que el doxing se puso de “moda” en este sexenio es su utilidad como mecanismo de silenciamiento y deslegitimación. El doxing en el contexto de la 4T no es un fin en sí mismo, sino una táctica que complementa una estrategia más amplia que incluye desacreditar al mensajero, al exponer datos sensibles de periodistas, opositores o defensores de derechos humanos. El objetivo es desviar la atención y sembrar la duda sobre la credibilidad y la ética del crítico.
El doxing también genera un “efecto paralizante”, la exposición de datos personales tiene un potente efecto intimidatorio. El temor al acoso masivo o a las amenazas de muerte en su domicilio real obliga a los críticos a la autocensura, a “pensarla dos veces” antes de publicar o investigar temas relevantes.
Y por último reforzar la polarización, la 4T recurre al uso de etiquetas estigmatizantes como “La derecha”, “Prensa conservadora”, “Neoliberales” o la “Mafia del poder”, para generar una base de apoyo fanatizada. El doxing se convierte en el paso físico de esta polarización, ofreciendo a las bases la información necesaria para que la intimidación pase del comentario en redes a la amenaza directa, al linchamiento vecinal, amplificando el acoso.
En esencia, cuando una administración utiliza su plataforma o su capacidad institucional para exponer a sus oponentes, está normalizando una forma de violencia política que erosiona los cimientos democráticos. Al convertir la información privada en un instrumento de represalia, se envía un mensaje de que la privacidad no existe para quienes se atrevan a cuestionar el poder.
Ante este panorama, resulta indispensable que el Poder Legislativo avance en tipificar el doxing como un delito grave, con sanciones agravadas para los servidores públicos que abusen de su posición para cometerlo. La protección de la libertad de expresión en México pasa, necesariamente, por blindar la seguridad física y digital de quienes ejercen el periodismo y la defensa de la sociedad civil. De lo contrario, seguiremos viendo cómo una peligrosa moda digital, importada del activismo extremo, se consolida como una práctica rutinaria en el ejercicio del poder.
Licenciado en Periodismo por la UNAM. Tiene un MBA por la Universidad Tec Milenio y cuenta con dos especialidades, en Mercadotecnia y en Periodismo de investigación por el Tec de Monterrey.
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