El mundo atraviesa una desaceleración económica estructural que amenaza con volverse la nueva normalidad para los países en desarrollo. Las proyecciones de crecimiento global se ajustan cada año a la baja, y los efectos ya no sólo se perciben en las estadísticas macroeconómicas, sino en la vida cotidiana de millones de personas que ven agotadas sus oportunidades de movilidad social. México, como economía emergente intermedia, se encuentra en una posición vulnerable ante este fenómeno: atrapado entre la dependencia estructural de Estados Unidos, una economía interna que no despega, y un entorno internacional cada vez más incierto.
Para los sindicatos y actores del mundo del trabajo en nuestro país, este escenario representa una amenaza directa a los avances en empleo formal, salarios dignos y acceso a seguridad social. La pérdida de empleos bien remunerados y con derechos laborales se está convirtiendo en el costo silencioso del nuevo orden económico global. La mayoría de los nuevos trabajos generados son precarios, con bajos salarios, sin contratos estables ni acceso a la seguridad social. Según cifras del INEGI y el IMSS, el empleo formal ha tenido un crecimiento marginal, mientras que el trabajo informal representa aún más del 55% de la fuerza laboral del país.
La presión del estancamiento global, junto con la automatización y la relocalización de cadenas productivas, ha generado una competencia feroz por atraer inversiones. Esto ha empujado a muchos países, incluido México, a adoptar políticas de flexibilización laboral, reducción de estándares y contención salarial. Los empleos industriales, sindicalizados y con beneficios, están siendo sustituidos por esquemas de subcontratación, empleo eventual y plataformas digitales sin derechos laborales plenos.
Los sectores más afectados por esta transformación son justamente aquellos con fuerte presencia sindical y mejores condiciones históricas de empleo: la industria manufacturera, la aviación, el transporte, la energía y el sector público. El cierre de plantas, la automatización de procesos, la migración de inversiones a países con menores costos y la falta de políticas industriales activas han golpeado la negociación colectiva y debilitado la fuerza organizada de los trabajadores.
Por ejemplo, en el caso de la aviación, un sector industrial de relevancia económica nacional al representar de manera directa casi el 6% del PIB, depende en gran medida de los acuerdos internacionales que por años impulsaron esta industria; hoy, estos mecanismos de colaboración, enfrentan presiones que podrían derivar en pérdida de rutas, miles de empleos técnicos y reducción de condiciones laborales. En el sector energético, la inversión en nuevas tecnologías no ha ido acompañada de una estrategia clara para la reconversión laboral y el respeto a los derechos adquiridos. Y en el ámbito público, la austeridad fiscal ha significado recortes,
congelamiento de plazas y deterioro en las condiciones laborales del personal educativo, de salud y administrativo.
El papel de los sindicatos ante un nuevo contexto global
Este panorama exige una respuesta articulada y estratégica del sindicalismo mexicano. La defensa del empleo digno no puede limitarse a resistir, sino que debe formar parte de una agenda propositiva que incorpore los desafíos del presente: la transición energética, la digitalización, el envejecimiento poblacional y la transformación de las cadenas de valor.
Es necesario que los sindicatos participen activamente en la definición de una nueva política industrial y laboral que priorice el valor agregado nacional, fortalezca la formación técnica, promueva la formalización y garantice mecanismos eficaces de protección social.
La negociación colectiva debe expandirse hacia nuevas formas de trabajo, incluyendo la economía digital y los sectores emergentes, donde la organización sindical aún es débil o inexistente. Y es crucial reforzar la alianza con sindicatos de otros países para enfrentar, con una voz regional y global, la arquitectura económica que sostiene este estancamiento.
Una advertencia y una oportunidad
Lo que hoy está en juego no es sólo el empleo, sino el futuro mismo del trabajo como espacio de derechos y dignidad. El estancamiento económico global puede parecer un fenómeno lejano, pero ya está socavando los pilares de la justicia laboral en México. No es solo un problema técnico: es un desafío político profundo, requiere decisiones estratégicas que prioricen el desarrollo incluyente, la inversión en ciencia y tecnología, la transición energética y una nueva política industrial que fortalezca las capacidades productivas del país. Si los sindicatos no asumen un rol central en la reconstrucción de un modelo de desarrollo con justicia social, corremos el riesgo de normalizar la precariedad como regla.
No obstante, en este momento difícil también se abre una oportunidad: articular una nueva alianza entre sindicatos, universidades, organizaciones sociales y responsables públicos para defender el trabajo decente como eje de cualquier estrategia de desarrollo. El sindicalismo no está ante el fin de su relevancia, sino ante el desafío de renovarse para ser actor decisivo en el rumbo que México debe tomar frente al nuevo orden económico.
