La aviación en México no es un asunto meramente técnico ni un servicio accesorio de transporte. Es un sector estratégico del Estado, clave para el desarrollo económico, la integración territorial, la competitividad internacional y la generación de empleo altamente calificado. En un país marcado por profundas desigualdades regionales y una elevada informalidad laboral, la aviación representa una de las expresiones más claras de cómo el crecimiento puede y debe ir acompañado de trabajo digno, profesionalización y movilidad social.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, este sector, aporta alrededor del 5 % del Producto Interno Bruto de México cuando se consideran sus impactos directos, indirectos e inducidos. Esta contribución se refleja en sectores como el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera y la logística. Cada aeropuerto activo y cada nueva ruta aérea conectan economías locales con mercados nacionales e internacionales, reducen costos, acortan distancias y amplían oportunidades productivas.
Sin embargo, el verdadero valor estratégico de la aviación mexicana no se explica solo a través de cifras macroeconómicas. Su fortaleza reside en el modelo laboral y profesional que la sostiene. Pilotos, sobrecargos, técnicos de mantenimiento, controladores aéreos, ingenieros y personal operativo conforman una fuerza de trabajo altamente especializada, sometida a estrictos procesos de capacitación, certificación y evaluación permanente. En la aviación no hay espacio para la improvisación: la seguridad, la eficiencia y la reputación del país dependen directamente del conocimiento y la experiencia de su gente.
Los estándares internacionales definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional obligan a que la formación profesional sea continua y verificable. Simuladores, reentrenamientos periódicos, certificaciones médicas y actualización tecnológica forman parte de la vida laboral cotidiana en el sector. En este sentido, la aviación se ha convertido en un referente de aprendizaje permanente y de cultura de la seguridad, donde la responsabilidad individual y colectiva es un pilar fundamental.
Este modelo adquiere una relevancia mayor en un país donde más de la mitad de la población ocupada se encuentra en la informalidad. La aviación demuestra que es posible construir sectores competitivos a partir del empleo formal, bien remunerado y con derechos, vinculando productividad con dignidad laboral. Además, su impacto territorial es evidente: los aeropuertos funcionan como polos de desarrollo regional, dinamizan economías locales y amplían el acceso de comunidades enteras a oportunidades educativas y laborales.
No obstante, este potencial no se materializa de manera automática. Requiere una política pública coherente, planeación de largo plazo y una visión de Estado que reconozca a la aviación como un componente esencial de la soberanía nacional. Las decisiones en materia de infraestructura, regulación, asignación de rutas, seguridad operacional y relaciones bilaterales tienen consecuencias profundas. Fortalecen o debilitan la posición del país en el sistema aéreo internacional y afectan directamente al empleo, la conectividad y la inversión.
La soberanía aérea no se limita al control del espacio aéreo. Implica la capacidad del Estado para definir reglas claras, garantizar condiciones equitativas de competencia, proteger su industria estratégica y defender el trabajo nacional frente a presiones externas. Cuando la política aérea se subordina a decisiones improvisadas o fragmentadas, el costo no es solo económico: es social, laboral y reputacional.
Desde una perspectiva sindical, este debate es central. No hay seguridad operacional sin estabilidad laboral. No hay crecimiento sostenible sin formación continua. Y no hay competitividad cuando se margina a las y los trabajadores del diseño de la política pública. La experiencia internacional demuestra que los sistemas aeronáuticos más sólidos son aquellos donde existe un diálogo social efectivo entre autoridades, empresas y organizaciones de trabajadores, basado en corresponsabilidad, transparencia y respeto a los derechos laborales.
Hoy más que nunca, es indispensable un golpe de timón desde el Estado mexicano. Al Poder Ejecutivo le corresponde abandonar la improvisación, recuperar la planeación estratégica y garantizar que la política aérea responda al interés nacional. Gobernar la aviación exige visión de largo plazo, respeto a los estándares internacionales y un diálogo social real que coloque en el centro la seguridad y el empleo digno.
Al Poder Legislativo le toca asumir su responsabilidad histórica. No puede permanecer como espectador pasivo frente a decisiones que comprometen la soberanía aérea, el desarrollo regional y miles de empleos altamente calificados. Se requiere supervisión, debate público y fortalecimiento del marco normativo para una industria estratégica.
Defender la aviación mexicana es defender empleo decente, conocimiento especializado y capacidad de decisión nacional. Porque un país que debilita su aviación civil debilita su futuro. Y la soberanía, como el vuelo, solo se sostiene cuando se ejerce con responsabilidad, justicia social y visión de Estado.