La reciente discusión y aprobación en comisiones del Senado de la República de la jornada de trabajo de 40 horas semanales representa un parteaguas en la historia laboral de México. Es, sin duda, una reivindicación largamente exigida por amplios sectores de la clase trabajadora. Sin embargo, la discusión no puede agotarse en la aritmética del tiempo. La pregunta de fondo es más compleja y estratégica: ¿lo verdaderamente transformador es disminuir horas de trabajo o elevar la productividad nacional a partir de empleo digno, seguro y orientado al desarrollo humano?
México arrastra una paradoja estructural. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país se ubica de manera recurrente entre los que más horas trabajan al año, más de 2,200, muy por encima del promedio de los países que integran el organismo, el cual es cercano a 1,700 horas. Sin embargo, cuando se mide la productividad por hora trabajada, México se sitúa en los últimos lugares del bloque. En términos simples: trabajamos más tiempo, pero producimos menos valor por cada hora invertida.
Esta evidencia desmonta el mito de que la competitividad descansa en jornadas extensas. Las economías con mejores indicadores de productividad como Alemania, Países Bajos o Dinamarca operan con jornadas más cortas, mayores niveles de negociación colectiva y una fuerte inversión en capacitación, tecnología e innovación. La reducción del tiempo laboral en esos países no fue una concesión aislada, sino parte de una estrategia integral de modernización productiva.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha documentado que jornadas excesivas se asocian con mayores riesgos de accidentes, enfermedades cardiovasculares, estrés crónico y afectaciones a la salud mental. Estos factores no solo impactan la vida de las personas; también reducen la eficiencia empresarial y elevan costos sociales. El concepto de “trabajo decente” promovido por la OIT incorpora salario justo, seguridad social, estabilidad contractual y equilibrio entre vida laboral y personal. Sin estos componentes, cualquier reforma horaria queda incompleta.
En el caso mexicano, el desafío es aún mayor por la dimensión de la informalidad. Más de la mitad de la población ocupada carece de acceso pleno a seguridad social y protección laboral. Para millones de trabajadores, la discusión sobre 40 horas es secundaria frente a la precariedad cotidiana. Si la reforma no se acompaña de una política decidida de formalización, inspección laboral efectiva y fortalecimiento institucional, su impacto será desigual y limitado.
Reducir la jornada puede generar beneficios concretos: mayor tiempo para la vida familiar, formación profesional, descanso y participación comunitaria. En un país con profundas brechas sociales, estas dimensiones tienen implicaciones directas en cohesión social y bienestar. Pero el verdadero salto cualitativo radica en vincular la reforma a una estrategia nacional de productividad que apueste por el capital humano.
La productividad sostenible no surge de la intensificación del trabajo, sino de su organización inteligente. Implica procesos eficientes, digitalización, innovación tecnológica y capacitación continua. También requiere diálogo social auténtico. Los países que han logrado transitar hacia jornadas más cortas sin perder competitividad fortalecieron sus sistemas de negociación colectiva y promovieron acuerdos sectoriales que equilibran flexibilidad y protección.
La discusión, por tanto, no debe plantearse como una dicotomía entre menos horas o mayor productividad. La evidencia comparada sugiere que ambas variables pueden y deben avanzar juntas. Una jornada de 40 horas, bien implementada, puede incentivar reorganizaciones internas en las empresas, mejoras en procesos y eliminación de tiempos improductivos. Puede obligar a innovar.
Pero si la reforma se limita a un cambio normativo sin políticas complementarias, inversión en infraestructura, impulso a la educación técnica, apoyo a pequeñas y medianas empresas para adaptarse, el riesgo es trasladar tensiones al mercado laboral sin elevar el desempeño agregado.
México enfrenta además una coyuntura internacional compleja: reconfiguración de cadenas de suministro, transición energética y digitalización acelerada. En este contexto, la ventaja competitiva no estará en jornadas largas y salarios contenidos, sino en talento, estabilidad institucional y certidumbre laboral.
La decisión adoptada por el Senado abre una ventana de oportunidad. Convertir la jornada de 40 horas en una palanca de transformación requiere visión de Estado. Significa reconocer que el desarrollo económico no puede desligarse de la dignidad del trabajo. Que la productividad no se impone por decreto, sino que se construye sobre trabajadores capacitados, protegidos y motivados.
La historia económica demuestra que las sociedades que apostaron por el bienestar laboral fortalecieron también su desempeño productivo. México tiene ahora la posibilidad de transitar hacia un modelo que compita por calidad y no por desgaste humano.
La reforma es un punto de partida, no de llegada. El reloj puede marcar menos horas; el verdadero desafío es que cada una de ellas sea más productiva, más segura y humana. Allí se juega no solo la eficiencia económica, sino el tipo de país que aspiramos a construir.