Dentro del paquete de reformas electorales presentadas y apoyadas por la 4T, se encuentran las relacionadas con Ley General de Comunicación Social, las cuales hacen poco por cambiar las condiciones que permitieron en sexenios pasados y en el actual, utilizar la publicidad oficial para favorecer a medios de comunicación afines al régimen o castigar a aquellos críticos a los poderes públicos. Por lo que a pesar de que el Presidente y Morena critican en sus discursos el uso discrecional y opaco de los recursos asignados para pagar la publicidad que requiere el Estado para informar a la sociedad, en la realidad están luchando desde los poderes ejecutivo y legislativo para mantener esta práctica. Una 4T propagandista y chayotera.
Aunque la comunicación social que se realiza en las autoridades de los tres niveles de gobierno tiene que ser de interés y utilidad pública, podemos observar –a pesar de la prohibición constitucional– cómo sigue siendo utilizada por los funcionarios para promover su imagen personal por encima de los logros e información relevante suscitada en el ejercicio del poder. Asimismo, se mantiene la promoción en los informes de gobierno y en los púlpitos mañaneros, promoviendo el voto a favor de la plataforma política a la que pertenecen y para atacar a los medios que difieren con sus “otros datos”.
Para Artículo 19, Fundar, medios libres y periodistas independientes, la reforma apoya la opacidad y la discrecionalidad en el dispendio de los recursos en materia de publicidad gubernamental, al dejar fuera del escrutinio a los privados que reciben dinero público para llevar a cabo propaganda gubernamental. De esta manera, sólo las instituciones estarán obligadas a transparentar y exhibir toda la información relacionada con los contratos y el dispendio, pero los particulares como las casas productoras, “influencers”, agencias y servicios digitales, quedarán exentos de informar y rendir cuentas a la sociedad por los motivos, fundamentos, contenidos y los pormenores de las actividades que realizaron con estos recursos.
Las mismas organizaciones señalan que los criterios de asignación de los recursos no incluyen parámetros, órganos independientes o procesos de mediciones del rating, tiraje, audiencias e impacto. Razón por lo cual se mantiene, al igual que con los gobiernos del PRI y PAN, que siga existiendo una hiper concentración del gasto de comunicación social en unos cuantos medios –10 medios concentran más del 50% del gasto–. De esta forma, un medio de comunicación como La Jornada, puede obtener prácticamente los mismos recursos en publicidad del gobierno federal que los que reciben Televisa o TV Azteca, a pesar de lo altamente dispar por el menor impacto y alcance que pueden tener los mensajes que publicita la 4T en La Jornada.
Las reformas a la Ley General de Comunicación Social buscan también, con el pretexto de salvaguardar la libertad de expresión de los funcionarios en activo, continuar impulsando interpretaciones que permitan evitar las sanciones por promover candidaturas y realizar actos anticipados de campaña. Olvidando que los criterios internacionales establecen claramente que, por el impacto social que tienen las declaraciones de los funcionarios a causa de la capacidad que tienen de reproducirse diaria, constantemente y con la utilización de recursos públicos, estas pueden generar condiciones desiguales en las contiendas y adquirir ventajas sobre otras plataformas políticas.
A pesar de lo que defiende el Presidente, nunca podrá compararse el poder y recursos que tiene Andrés Manuel López Obrador, un gobernador o un senador, para transmitir un mensaje, en comparación con los que tiene un periodista de un medio local o nacional y mucho menos con un ciudadano de a pie. Para la 4T, la mejor manera de perpetuarse en el poder es por medio de continuar con las trampas electorales y las malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial. Por eso la prisa y la necesidad de acabar con el INE, con el Servicio Profesional Electoral Nacional y por defender la Ley chayote a toda costa.
P.D. Envío mi solidaridad a Javier Sicilia por la censura e intolerancia que La Jornada Semanal llevó a cabo al suprimir varías líneas –sin aviso alguno– de su columna que llevaba por título “Del evangelio y del poder”; en la cual escribió lo siguiente y que reproduzco en este espacio que El Universal me ha dado en total respeto y libertad: “En México, siguiendo el modelo de las democracias cristianas, resurgió con el PAN y, recientemente, bajo esta cosa amorfa que llaman populismo, en López Obrador. Su discurso –un mazacote de lecturas sociológicas del Evangelio y de manuales socialistas para párvulos– lo ha convertido en un hombre que, como un dios providente, conjunta el poder con la perversión de la caridad: la dádiva y la clientela. Su poder, como en los tiempos más oscuros, se ha vuelto inmenso. Hace pensar en el peor Savonarola o en los inquisidores de la Colonia”. En congruencia, Javier renunció al medio en el cual había colaborado por más de 20 años. El chayote que se le da a La Jornada, rinde frutos –negativos– para el Presidente y su intocable persona.
