No tengo duda de la significativa participación del gobierno norteamericano en el histórico y humanamente costoso operativo contra Nemesio Oseguera. La temporalidad no fue casual. Donald Trump necesitaba todas las narrativas potentes y disponibles para su mensaje del Estado de la Nación, emitido apenas dos días después del abatimiento. Pensar que fue coincidencia sería ingenuo.
No sería la primera vez que la seguridad mexicana se cruza con calendarios electorales estadounidenses. Con frecuencia está condicionada por intereses, presiones y coyunturas políticas. Cuando un presidente en Washington necesita enviar una señal de fuerza a su electorado, México termina siendo el tablero donde se mueve la pieza. El mensaje viaja al norte, pero la tensión, el debate y los costos se quedan de este lado de la frontera.
Tampoco fue distinto en el caso de El Mayo. La traición, captura y posterior traslado por sus propios ahijados a Estados Unidos no fueron ajenos a una lógica de urgencia política en el gobierno de Joe Biden. Cuando los niveles de aprobación rondan el 40 por ciento, cualquier victoria mediática en materia de seguridad adquiere un valor estratégico enorme. En ese tablero, México vuelve a ser pieza clave.
En realidad, más allá de partidos, el tema México se ha convertido en herramienta de consumo interno en la política estadounidense. Sirve para proyectar firmeza, para alimentar narrativas de control fronterizo y para enviar señales al electorado sobre seguridad nacional. Demócratas y republicanos cambian el discurso, pero el uso estratégico del vecino del sur permanece.
Las señales estaban ahí. Las reuniones bilaterales de alto nivel en semanas recientes y, sobre todo, la decisión de la OFAC del 18 de febrero de sancionar a la empresa turística Kovay Gardens en Puerto Vallarta, junto con cinco personas físicas y 17 morales, anticipaban que algo mayor se estaba construyendo. No fue improvisación. Era un final anunciado, sólo que postergado. El mensaje parecía claro: actuar con contundencia o enfrentar escenarios políticamente más incómodos que habrían golpeado de frente la narrativa soberanista del gobierno mexicano, y en los que la espectacularidad de drones operando a distancia habría dominado el debate público.
El Estado mexicano demostró capacidad operativa y poderío. Pero la factura fue alta. Las Fuerzas Armadas pagaron con la vida de sus integrantes el costo directo del enfrentamiento.
Y mientras eso ocurría, varios gobiernos locales quedaron ese domingo en posición de tigre de Santa Julia: sorpresa total, información fragmentada, coordinación dilatada y narrativa improvisada. La falta de reacción emergente y la pobre articulación con la federación dejaron vacíos que fueron ocupados por el miedo. Y el miedo, en un país con heridas abiertas, se multiplica con velocidad.
En cuestión de horas, la psicosis social se expandió y los actos violentos se reprodujeron en 21 entidades. No sólo fue un desafío operativo. Fue también un vacío de conducción política y comunicacional.
Esta operación se parece mucho más a una estrategia de confrontación propia del sexenio calderonista que al espejismo discursivo de los “abrazos y no balazos” del lopezobradorismo. Y si las cifras continúan creciendo, lo del domingo quedará registrado como el episodio más oneroso en vidas humanas en una sola intervención del Estado desde 2006.
La política administra tiempos. La seguridad administra riesgos. Cuando ambas se mezclan bajo presión internacional, la línea entre estrategia y cálculo político se vuelve peligrosamente delgada. Y quienes casi siempre pagan esa tensión no son los políticos, sino los hombres y mujeres que salen al terreno.
Porque al final, la realidad no se discute. Se paga. Y casi nunca la pagan quienes la deciden.