Durante años el crimen organizado en México construyó su poder sobre una lógica simple. Mientras hubiera demanda en Estados Unidos, siempre habría una droga, una ruta y una fuente de financiamiento. Lo que hoy empieza a cambiar no es la existencia del negocio criminal, sino la estabilidad de algunos de sus mercados más rentables. Y ese cambio, lejos de tranquilizarnos, debería preocuparnos más. Porque cuando una organización criminal poderosa deja de ganar por un lado, no se jubila. Voltea hacia otro.
La mariguana fue el primer aviso serio. La legalización para uso adulto en varios estados norteamericanos, sobre todo a partir del ciclo 2016 a 2018, no eliminó el consumo, pero sí alteró al proveedor. Una parte del mercado dejó de depender de cultivos mexicanos y comenzó a ser abastecida desde dentro de Estados Unidos. Eso erosionó una renta histórica para los grupos criminales mexicanos y los obligó a buscar productos más compactos, más rentables y más fáciles de mover.
La cocaína, en cambio, sigue mostrando fortaleza. La producción global está en máximos históricos y México conserva una ventaja criminal decisiva como corredor hacia la frontera terrestre con el mayor mercado consumidor del mundo. Mientras existan rutas, capacidad logística, control territorial y redes de lavado, la cocaína seguirá siendo una fuente de ingresos robusta para muchas organizaciones.
El caso del fentanilo merece una lectura aparte. Ahí sí hay señales reales de tensión. Las muertes por opioides sintéticos en Estados Unidos cayeron con fuerza en los últimos dos años, y eso coincide con una combinación de factores que incluyen presión sobre precursores, ajustes en la cadena de suministro ilegal y respuestas de salud pública más eficaces del otro lado de la frontera. Presentarlo como una medalla automática de cualquier gobierno mexicano sería una simplificación interesada. Pero negar que algo se está moviendo también sería un error. En ese mercado ya no todo luce tan terso ni tan expansivo como hace apenas poco tiempo.
A eso se suma la declaratoria de febrero de 2025 que designó como organizaciones terroristas extranjeras a varios cárteles mexicanos. Esa medida no ha probado todavía, en números públicos irrefutables, cuánto dinero exacto les quitó. Pero sí elevó el riesgo para mover recursos, lavar utilidades y utilizar intermediarios financieros o empresariales sin dejar rastro. Quizá no cerró la llave del dinero, pero sí endureció la tubería por donde circula.
El verdadero problema para México no es sólo cuánto dejan de ganar los cárteles por fentanilo, mariguana o incluso por el huachicol cuando ese mercado entra en estrés. El verdadero problema es qué hacen después. En un país donde distintos diagnósticos ubican alrededor de 175 organizaciones criminales con presencia regional, estatal o municipal, una contracción en economías como el narcotráfico no necesariamente reduce la violencia. Puede redirigirla. Puede empujarla hacia delitos más inmediatos y más crueles contra la sociedad. Extorsión, cobro de piso, secuestro, robo de carga, trata, fraude digital, despojo y control violento de economías locales.
Esa es la pregunta que debería guiar la discusión pública. Si algunas de las viejas cajas registradoras criminales empiezan a fallar, qué sigue para el crimen organizado en México. Porque la respuesta más probable no es menos delito. Es delito más cercano, más directo, más metido en la vida cotidiana de la gente. Cuando el narco pierde margen en los mercados globales, suele intentar recuperarlo en la puerta de la casa, en el negocio de la esquina, en la carretera y en el miedo diario de los ciudadanos.
Por eso cantar victoria sería irresponsable. El riesgo no es que el crimen organizado se quede sin dinero. El riesgo es que salga a cobrarlo de manera más brutal y más visible a la sociedad mexicana.
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