La desaparición de Nancy Guthrie en Arizona conmovió a una nación. La de miles de mexicanas y mexicanos apenas conmueve a sus familias. Esa diferencia no retrata a Estados Unidos. Nos retrata a nosotros. Nancy desapareció el 1 de febrero y su caso siguió ocupando atención nacional en Estados Unidos durante semanas, impulsado también por el peso público de su hija, Savannah Guthrie, en NBC.
En México desaparecen, en promedio, alrededor de 34 personas al día, de acuerdo con el ritmo reciente documentado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al reportar 28,880 desapariciones entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025. Ésa es la dimensión real del problema. No estamos hablando de casos aislados ni de tragedias excepcionales. Estamos hablando de un país donde la ausencia se volvió rutina y donde el horror dejó de interrumpir la normalidad.
El caso de Nancy, madre de la periodista Savannah Guthrie, recibió una atención mediática intensa, constante y emocionalmente cercana. Hubo seguimiento, contexto, actualizaciones y preocupación pública. La desaparición de una persona mereció tiempo, espacio, sensibilidad y presión social. En México, en cambio, desaparecen personas todos los días y el país aprendió a mirar hacia otro lado. Aquí la tragedia no siempre abre noticieros. Muchas veces apenas abre una ficha de búsqueda, una lona en una plaza o una pala en manos de una madre.
Ese es el verdadero retrato de nuestra crisis. No sólo desaparecen personas. También desaparece el escándalo. Y cuando desaparece el escándalo, desaparece la presión para encontrarlas.
Por eso, el debate de los últimos días dejó al descubierto algo todavía más grave que la propia estadística. Mientras el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas encendía alertas y activaba el procedimiento del artículo 34 para llevar la situación de México a la atención de la Asamblea General, la reacción del gobierno mexicano pareció más concentrada en desacreditar el señalamiento, discutir el lenguaje jurídico y contener el costo político, que en asumir con toda claridad la dimensión moral de la tragedia. En otras palabras, no sólo desaparecen personas. Desapareció también la responsabilidad institucional.
Y eso agrava todo. Porque una autoridad puede heredar una crisis, pero no puede heredar la indiferencia con la que decide enfrentarla. Puede recibir un problema incubado por décadas, pero no puede justificar con ese pasado su falta de empatía presente. Menos aún cuando del otro lado hay madres buscadoras que han hecho lo que el Estado no ha querido, no ha podido o no ha sabido hacer. Ellas buscan en el monte, en brechas, en fosas, en cárceles, en hospitales y en oficinas públicas. Buscan con miedo, con rabia y con una dignidad que hace ver todavía más pequeña la respuesta oficial.
Lo más doloroso de todo es que en México la desaparición ya no sólo arranca personas de sus hogares. También arranca capacidad de asombro, movilización social y exigencia colectiva. Nos hemos ido acostumbrando al horror. Y una sociedad que se acostumbra al horror empieza a perder algo más que la sensibilidad. Empieza a perder el sentido de país.
Por eso, la reacción gubernamental pudo haber sido completamente distinta. Pudo haber sido humana, sobria, responsable y políticamente inteligente. Pudo haber dicho algo tan simple y tan poderoso como esto:
“El Gobierno de México analiza con seriedad y respeto las observaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Más allá de cualquier diferencia de enfoque o interpretación jurídica, compartimos una convicción de fondo: la desaparición de personas es una de las heridas más profundas, dolorosas e inaceptables que enfrenta el país. Nos solidarizamos plenamente con el dolor indescriptible de las madres buscadoras y de todas las familias que durante años han exigido verdad, justicia y acompañamiento institucional. Para el Gobierno de México, una sola persona desaparecida es ya demasiado. Nuestra obligación es buscar, esclarecer y dar resultados”.
No les costaba políticamente casi nada decirlo. Lo que sí les costaba era aceptar que la tragedia no se resuelve desacreditando al mensajero. Porque cuando un gobierno pone por delante la defensa de su relato, de su ideología y de la imagen de su partido por encima del dolor de las víctimas y de su deber de gobernar, termina confirmando lo peor: que para Morena ha sido más importante cuidar su causa que cuidar al país.
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