Un golpe brutal a los trabajadores

Alberto Aziz Nassif

El escenario es absurdo: los investigadores pasarán a ser de confianza y la estabilidad en el empleo desaparecerá

En México el estado de derecho es de chicle, no se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores y las burocracias jurídicas quedan en ridículo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prometieron que el cambio de la jurisprudencia 1/96, que protegía a más de cien organismos descentralizados del país, no tendría efectos retroactivos, pero sí los tuvo; prometieron que no se tocaría la estabilidad en el empleo y ya se empezó a afectar. Una jueza adscrita al Tribunal Laboral Federal de la Ciudad de México, Karime Pérez Guzmán, entendió todo al revés y confirmó la preocupación de que los trabajadores de los organismos descentralizados entrarían en un pantano para defender sus derechos. Esa jueza puso en ridículo a los ministros de la SCJN y mostró su ignorancia en el tema laboral.

Es lamentable la ignorancia del poder judicial en la materia laboral. El cambio de la jurisprudencia 1/96 se hizo en un ambiente de confusión, los ministros expresaron su falta de conocimiento en la materia y decidieron una aberración. No existió un diagnóstico preciso del problema y, sobre todo, quedó de manifiesto que no se tomó en cuenta lo más importante: los derechos de los trabajadores a la estabilidad en el empleo. Ahora se empiezan a ver las consecuencias y los impactos negativos que este cambio tendrá en el modelo de educación superior del país.

Así, en pleno desarrollo de una de las reformas laborales más importantes, en la que se amplifican los derechos y se reconocen los tratados internacionales de la OIT, el poder judicial en México destruye derechos adquiridos de los trabajadores. Ya van tres casos de centros de investigación en donde la ya famosa jueza Pérez Guzmán, mandó a archivar los expedientes de las revisiones salariales y contractuales por mala fe en la interpretación de algún reglamento secundario o un decreto de creación. Se trata del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), que ha sido los primeros en padecer esta regresión laboral a sus derechos. Resulta muy lamentable por la afectación injusta que se hace de derechos adquiridos. Las promesas de no retroactividad de los ministros han sido negadas en la práctica por la jueza. En aquella lamentable y confusa sesión de la SCJN, del 11 de octubre de 2021, el ministro presidente Zaldívar dijo: “entiendo que no será necesario el régimen transitorio que propone el proyecto (de la ministra Yasmín Esquivel) porque todos se han decantado de que esto será hacia delante”.

Cambiar la jurisprudencia 1/96 abrió la puerta a la arbitrariedad y a la pérdida de derechos, a una experiencia positiva de 25 años en donde se logró tener sindicatos, contratos colectivos y estabilidad laboral. Hoy se ha instalado una grave indefensión de los trabajadores. Pero vayamos a las consecuencias más graves. El modelo de educación superior está basado en principios de especialidad científica y de estabilidad en el empleo, y está en peligro de desaparecer. En su lugar se ha instalado la lógica del modelo burocrático, una jurisprudencia llena de limitaciones y completamente inapropiada para el desarrollo científico. ¿Ahora, el ingreso, la promoción y la definitividad se harán conforme al escalón ciego y los sindicatos pueden proponer al 50% de los trabajadores que ingresen a esos centros de investigación? El escenario es completamente absurdo: los investigadores pasarán a ser personal de confianza y la estabilidad en el empleo desaparecerá. ¡Bravo! a los ministros de la SCJN, crearon un problema grave en donde no lo había. Las decisiones confusas del pleno de la SCJN y la mala fe de una jueza —que ha perdido completamente la brújula—, han violentado el principio de preeminencia de la realidad, es decir, el beneficio a favor de los trabajadores por una historia de más de 25 años de derechos adquiridos. Hoy simplemente se archivan los expedientes con argumentos falsos.

un laboralista muy lúcido dijo que este cambio de la 1/96, era el golpe más brutal a los trabajadores en 50 años. Un retroceso lamentable…


Investigador del CIESAS.
@AzizNassif

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