México atraviesa por una de las crisis más graves de desaparición forzada en el mundo. La crisis tiene una larga historia y no se trata de acusar al actual gobierno, sino de enfrentar una problemática que abarca a todo el Estado mexicano. El problema cubre al menos a cuatro gobiernos de tres diferentes partidos políticos, como dijo el Centro Prodh.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha emitido una resolución para activar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta decisión implica solicitar a la ONU que lleve ante la Asamblea General, de manera urgente, el caso de México. No se trata de condenar al gobierno, porque el Comité no es un tribunal; se trata de poner sobre la mesa el gravísimo problema, ofrecer asistencia y ayuda para enfrentarlo.
La amplia información con la que el Comité cuenta lo lleva a señalar que hay indicios de crímenes de lesa humanidad. El documento presentado hace un recorrido de los antecedentes y de las recomendaciones que se hicieron en 2012, 2015, más adelante en 2018 y 2021, hasta llegar a 2023. En ese largo recorrido el Comité detectó deficiencias institucionales y situaciones generalizadas del fenómeno hasta nuestros días. El Comité también reconoce algunos avances del Estado mexicano, pero queda claro que no se ha logrado revertir la situación.
A partir de la decisión del Comité se ha abierto un enfrentamiento y un debate complejo. En el informe no se dice que haya una política para generar desde la Presidencia de la República órdenes para desaparecer personas, pero señala que las desapariciones pueden ser por “agentes estatales, así como por actores no estatales”. En el párrafo 92 el Comité señala que: “el fracaso del Estado puede tener otras causas que una política deliberada, como las complejidades e ineficiencias administrativas, las dificultades relacionadas con la estructura federal del Estado, la falta de recursos, la corrupción y los vínculos de servidores públicos con organizaciones criminales, a veces a un alto nivel”.
La respuesta gubernamental fue inmediata y su tono fue de negación y de descalificación. El comunicado de Gobernación y Relaciones Exteriores está lleno de adjetivos para desacreditar al mensajero y repetir lo que hicieron antes los gobiernos del PRI y del PAN: dijeron que era tendencioso, parcial, sesgado, sin rigor jurídico. Además, enlistaron diez medidas que ha implementado en este gobierno. Es lamentable esta reacción, que fue acompañada en los mismos términos por la CNDH. Lo que podría ser una oportunidad para empezar a resolver la crisis, se ha tirado a la basura. La tragedia sigue su curso, los colectivos de buscadoras, muchas organizaciones de la sociedad civil y diversos especialistas documentan el horror de las fosas clandestinas, son testigos de los cientos de miles de cuerpos sin identificar, siguen las muertes de madres que buscan a sus hijos, en suma, hay una acumulación de violencia que no merece una reacción estatal tan poco sensible y empática con las miles y miles de víctimas que hay en el país. Como lo escribió Elena Azaola en la revista www.eldiluvio.com, la respuesta del gobierno fue de “corte político (…) no está a la altura de los argumentos que expone la decisión (…) y no está a la altura, sobre todo, de la demanda justificada de miles de familias que buscan, durante años, con desesperación y dolor inimaginables, a sus seres queridos”.
Jacobo Dayán con Aristegui, ejemplificó diversos casos que respaldan el informe del Comité: como lo que sucedió en Nayarit con el exgobernador Sandoval; en Veracruz con Duarte; las armas dentro de los barcos del huachicol fiscal; la espiral de desapariciones en Tabasco con el grupo criminal de La Barredora. La colusión de la autoridad con el crimen no se ha roto.
Sin duda, este informe será munición para las presiones de Trump, pero Sheinbaum ya señaló que no acepta el informe y no cambiará el paradigma…
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