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Los centros públicos de investigación, en peligro

Alberto Aziz Nassif

En el modelo que se plantea los investigadores pasan a ser personal de confianza, lo cual significa que se pierde la estabilidad en el empleo

Carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señoras y Señores Ministros:

De los entramados legales y sus complicaciones burocráticas surge hoy en día una iniciativa completamente regresiva y peligrosa, la P./J. 1/96, que pretende: trasladar a los trabajadores de los 105 organismos descentralizados del Aparatado A de la Ley Federal del Trabajo, al Apartado B.

La vida de las comunidades científicas del país y, principalmente, la de los Centros Públicos de Investigación (CPI), necesita que sus derechos humanos estén a salvo. Hay que superar la mirada administrativa, porque estos organismos descentralizados no son parte del poder central. Después de 25 años, cuando se hizo la reforma y se pasaron al Apartado A, los CPI han crecido y se han fortalecido, por eso hacer este ajuste afectaría todo un modelo de trabajo que se ha desarrollado en base a la estabilidad en empleo, contratos colectivos de trabajo, el principio de especialidad y mecanismos de excelencia en la evaluación.

No se entiende por qué ahora, cuando se han expandido los derechos humanos, se ha firmado el Convenio 98 de la OIT (sobre el derecho a la negociación colectiva) con un retraso de 70 años, y México ha aprobado una de las reformas laborales más progresistas, se quiera imponer una lógica restrictiva que cancela derechos adquiridos. Apoyar esta regresión es no entender que el viejo régimen burocrático es un sistema de excepción incompatible con un Estado moderno, que garantiza y tutela los derechos humanos, no los restringe. Por estas razones se necesita ampliar la mirada y estudiar a fondo el actual modelo laboral y académico que se ha construido en los CPI para impulsar el desarrollo científico del país.

En este contexto se puede leer la carta-petición que hacen 25 sindicatos de los Centros de Investigación al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (12/02/2021). En primer lugar, el argumento central es que este cambio afectaría de forma “irreparable” la calidad académica, porque en el modelo burocrático los investigadores pasan a ser personal de confianza, como lo dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual significa que se pierde la estabilidad en el empleo; además, se terminaría con el régimen de especialidad y calidad que norma el ingreso, la promoción y la permanencia en el empleo. En segundo lugar, se atentaría en contra del derecho de asociación, porque si los investigadores pasan a ser de confianza, la organización sindical de los académicos quedaría suprimida de forma casi automática. En tercer lugar, también quedaría severamente afectado el derecho a la libertad sindical, consagrado en el Convenio 87 de la OIT, que México firmó hace 70 años. De ese tamaño sería el retroceso. Puras pérdidas y ninguna ganancia.

Esta resolución regresiva ya ha sido aprobada por la sala dos de la SCJN, que revisa los asuntos laborales, y en las próximas semanas pasará a ser discutida y votada en el pleno. Por eso urge dimensionar el problema y abrir un debate público con los afectados. Estamos materialmente ante un cambio de ley que violentaría los derechos humanos adquiridos de las comunidades científicas. Ninguna intención burocrática y administrativa justifican el cambio, sobre todo cuando a lo largo de 25 años se ha demostrado que estas instituciones han armonizado derechos y viabilidad. En todo este tiempo prácticamente no ha habido huelgas. La negociación de los contratos colectivos de trabajo ha funcionado con responsabilidad, así como los estatutos que norman el ingreso, la promoción y la estabilidad, se orientan por principios de especialidad y calidad académica. La vida de los CPI ha tenido responsabilidad institucional y sus sindicatos son hoy una expresión muy importante del sindicalismo democrático del país.

Señoras y Señores Ministros de las SCJN: ojalá se abran al diálogo para no cancelar derechos. Las comunidades de los CPI del país esperan de ustedes una mirada integral del Estado. Estamos a tiempo para no destruir instituciones viables que sirven con responsabilidad al desarrollo científico del país.

 

Investigador del CIESA.
@AzizNassif
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