¿Hasta dónde llegará la acción del Estado para desmantelar las estructuras del crimen organizado? La complejidad por la que atraviesa México apunta hacia varias tensiones que ya no se podrán postergar sin una respuesta contundente. Se ha abierto un gran dilema para el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuya clave está en la presión que ejerce el gobierno de Trump para que haya un combate a fondo al crimen y al narcotráfico. En esa tesitura, hay un intercambio permanente entre amenazas de intervención directa de Estados Unidos y colaboración, que todos los días amenaza con cruzar las líneas rojas de acciones militares en territorio nacional. La otra parte de la ecuación es que el crimen organizado no solo ha infiltrado al gobierno, sino que ya forma parte de quién sabe cuántos gobiernos locales, municipios y estados, que están gobernados por la coalición morenista. Y no se diga a nivel federal, como se vio con el huachicol fiscal.
Hasta la fecha ha habido operativos a nivel municipal, que parece lo más sencillo en términos de costos políticos. La autoridad le llama “operación enjambre”, con la cual han caído varios alcaldes y alcaldesas en el Estado de México y ahora en Jalisco, entre otros. Las estructuras del crimen han tenido cambios importantes, se han diversificado y también se han fragmentado. En ese universo hay cárteles que tienen un alcance internacional y otros son grupos nacionales y locales; se ha pasado del negocio de narcotráfico a una extensa y diversificada red de redes que cubren múltiples negocios de una economía criminal. Un análisis de esta situación está en un capítulo del libro México: ¿la gran transformación?, (Gedisa, México 2025) bajo la autoría de Luis Reygadas, “Del narcotráfico acotado a la economía criminal extendida”. Estamos ante un fenómeno complejo de mil caras que azota al país como parte del régimen de acumulación de capital, junto con un sistema político plagado de corrupción, impunidad y complicidades.
El caso más reciente del municipio de Tequila, Jalisco, es un buen laboratorio de lo que implica esta economía criminal. La autoridad ha respondido a diversas denuncias de extorsión, un delito que se ha incrementado en todo el país. No solo el alcalde, Diego Rivera, respondía a los intereses de CJNG y a su dirigente El Mencho, sino una parte de su gabinete, que entregaba sumas millonarias al cártel. En el otro extremo podemos ver lo que pasó con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que enfrentó al crimen y fue asesinado hace unos meses. ¿A eso están condenados los gobiernos locales en México, te asocias o te asesinan? No puede existir resignación frente a ese destino. ¿Cuántos municipios y estados están metidos en ese dilema? Resulta inadmisible lo que sucede en Sinaloa, con un gobernador que acepta que no se puede “gobernar” si los malosos no están de acuerdo. Ahora está la crisis de la desaparición de diez trabajadores de una mina canadiense, cinco ya asesinados. También en el gobierno estatal de Tamaulipas soplan estos vientos de colusión. Estamos ante un fenómeno de captura generalizada, independientemente del color partidista que gobierne.
Trump platica con Sheinbaum supuestamente en un clima de amabilidad y reconocimiento, pero dice cosas tremendas, como que “tiene miedo” de tomar acciones contra la delincuencia, o que “los cárteles gobiernan el país”. Si la presidenta decide ir a fondo contra la narcopolítica y la economía criminal es muy probable que haya muchos heridos de su propia coalición de gobierno, como lo dijo Mary Beth Sheridan en el New York Times. Ya vimos el caso de Tabasco con Adán Augusto López, que se va, pero se queda, por su vinculación con un grupo criminal, La Barredora, cuya defensa es que “no sabía” que su jefe de seguridad era el jefe criminal.
¿Quién ganará el dilema entre la economía criminal y compromisos políticos frente a su desmantelamiento?
Investigador del CIESAS. @aziznassif