En plena Nochebuena, el 24 de diciembre pasado, Rafael León Segovia es detenido en Veracruz, acusado de “terrorismo” por su trabajo periodístico con especialidad en la nota roja. Días antes había documentado hechos relacionados con la delincuencia organizada y la violencia criminal. Un juez desestimó el cargo el día 30, pero le imputaron otros delitos y prisión domiciliaria por un año. La gobernadora del estado habla de “un exceso de libertad de expresión”.
Solo 10 días antes, se presentaba, el 15 de diciembre, el libro Cállense. Los nuevos rostros de la censura, una recopilación de textos de una gran diversidad de periodistas mexicanos, de distintas tendencias, que revisan las historias de cada uno de los casos contra la libertad de expresión recientes en nuestro país. La antología, preparada por Humberto Musacchio, coeditada por Grano de Sal, Artículo 19 y EL UNIVERSAL, es un SOS para poner atención a las nuevas tecnologías de la censura en México, como la que se viste de toga. Un llamado de unión al gremio. Y una voz de alerta hacia la sociedad contra la normalización de las agresiones a medios y periodistas cada vez más frecuentes, sobre todo, por parte de funcionarios públicos.
Hay que recordarlo, aunque duela: a México se le considera uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio. Desde el 2000 les han arrebatado la vida a 175 periodistas; a 47 durante el sexenio de López Obrador; a 47 en el de Peña Nieto, a 48 en el de Calderón y a 12 en lo que va de éste. Hasta 2024 habían desaparecido 31. Son las formas más violentas de la censura. Las tradicionales: publicidad oficial como instrumento de control, la llamada telefónica a la dirección de un medio desde Presidencia, la amenaza… Más recientes: la estigmatización desde las Mañaneras o la humillación pública a un ciudadano, periodista o medio crítico, desde el poder.
A las viejas tecnologías censoras —violencia física, estigmatización, asfixia económica— se suma hoy, documenta Artículo 19, la intensificación del acoso judicial que en 2025 “marca un punto de quiebre”. De enero a julio, 51 casos (contra 39 periodistas y 12 medios), el número más alto en la última década. Del total, 45% los iniciaron gobernadores, legisladores o autoridades estatales.
Cállense. Aborda cada uno. Desde la historia de Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL, denunciados judicialmente por publicar la red de corrupción de una funcionaria en relación con el huachicol en Tamaulipas, hasta Karla Estrella, ciudadana sonorense sancionada por un tuit o la activista Laura Wilkins por un “Jajaja”, hasta el caso de Jorge Luis González Vélez y su medio Tribuna Campeche, a quien se le prohibió ejercer el oficio o mencionar a la gobernadora Layda Sansores. Después, le impusieron un “censor” personalizado que revisa cada texto.
No se trata de casos aislados. Sino de un patrón estructural que tiende a agravarse. La herramienta: la intimidación judicial. Una vía es la que utiliza la figura electoral de “violencia política contra mujeres en razón de género” para blindar al poder de la crítica. Otra vía es la civil (daño moral), que desgasta a periodistas con largos y costosos juicios. Y la vía penal, que criminaliza expresiones de interés público como figuras de “odio” o “difamación”.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, y varios autores, advierten un golpe a la salud democrática del país y el riesgo de la autocensura. Terminé la lectura de Cállense cuando apareció el comunicado de Manuel López San Martín sobre su salida de MVS Noticias. Lo comparte en redes, ya que “no hubo condiciones para despedirme al aire”.
adriana.neneka@gmail.com