La propuesta de reforma electoral enviada por el Ejecutivo federal no sólo carece de sorpresas: confirma, punto por punto, las advertencias que desde hace tiempo se han hecho sobre la deriva del sistema político mexicano hacia un esquema de partido hegemónico. El documento no inaugura una nueva etapa, simplemente formaliza en la ley lo que ya se practica en los hechos.
Durante los últimos siete años se ha construido, con disciplina y sin disimulo, un régimen cada vez más centralista, intolerante al disenso y funcional a la concentración del poder. El discurso de cambio sirvió como coartada mientras se desmontaban contrapesos, se debilitaban instituciones y se normalizaban conductas que antes se denunciaban como autoritarias o corruptas. La ruta ha sido clara: reformas legales a modo, uso electoral de programas sociales, captura de espacios institucionales y una maquinaria de propaganda sostenida con recursos públicos.
A este proceso se suma un componente que el poder prefiere no nombrar: la creciente penetración de intereses criminales en la política local y regional. Donde el presupuesto no alcanza, aparecen recursos ilícitos; donde el Estado se repliega, otros actores ocupan el territorio. La omisión sistemática frente a esta realidad no es ingenuidad, es complicidad por conveniencia.
En lo estrictamente electoral, la reforma insiste en un modelo de sobrerrepresentación que ya no puede justificarse como un defecto técnico. No se trata únicamente de fórmulas de asignación de representación proporcional, sino de un rediseño institucional cuyo propósito es inequívoco: garantizar mayorías artificiales, reducir la competencia y blindar al poder frente a cualquier alternancia real. El argumento de empoderar a la ciudadanía es un recurso retórico vacío; el resultado concreto es la ampliación del control desde el centro.
Lejos de debilitar a las cúpulas partidistas, la reforma las fortalece siempre que se mantengan subordinadas. El mensaje es brutalmente sencillo: quien se alinea, sobrevive; quien discrepa, es exhibido, castigado o neutralizado. No hay aquí vocación democrática, hay cálculo de poder.
Un episodio revelador de este talante ha sido el tratamiento mediático que acompañó la presentación de la reforma frente a los desacuerdos expresados por los partidos aliados, particularmente el PT y el PVEM, en temas como el financiamiento público y la distribución de la representación proporcional. Bastó una mínima muestra de autonomía para que el aparato propagandístico del oficialismo redirigiera sus ataques, con especial saña contra el PT.
De manera súbita, salieron a escena prácticas largamente conocidas y convenientemente ignoradas: las familias que controlan las franquicias partidistas en diversas entidades y el manejo discrecional de recursos públicos destinados a proyectos como los CENDIS. Todo aquello que durante años fue tolerado, validado o incluso defendido, hoy se presenta como prueba de una supuesta superioridad moral.
El mensaje es inequívoco: la corrupción no molesta mientras sea útil, el patrimonialismo no incomoda mientras sume, el clientelismo no escandaliza mientras garantice lealtades. El pecado imperdonable no es el abuso, sino el desacato.
En este contexto, resulta irrelevante si la reforma electoral se aprueba o no. El oficialismo gana en cualquier escenario. Si se aprueba, las nuevas reglas consolidarán su proyecto de control y centralización, mientras los aliados obtendrán en la negociación beneficios particulares, cuotas y excepciones. Si se rechaza, la maquinaria propagandística ya está lista para desacreditar a la oposición, culparla del “bloqueo” y, llegado el momento, devorar también a los aliados incómodos.
Por eso es un error reducir el debate a esta iniciativa. La defensa de la democracia en México no se juega en una sola reforma, sino en la resistencia frente a un modelo que busca normalizar el abuso, la simulación y la concentración del poder. Lo que estamos presenciando es el inicio de una nueva etapa política, marcada por la confrontación abierta entre autoritarismo y pluralismo.
Las señales son claras y preocupantes: el país se aproxima peligrosamente a una lógica que recuerda los años setenta y ochenta, cuando la competencia era decorativa y el poder se confundía con el Estado. La diferencia hoy es que existen nuevas generaciones que no cargan con ese pasado y que tendrán que decidir si aceptan la regresión como destino o si rompen, de una vez, la inercia que nos ha devuelto al punto de partida. La democracia mexicana no está en pausa: está bajo asedio.
Política y activista