El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas anunció su decisión de avanzar con el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención: un mecanismo excepcional que abre la puerta a que la Asamblea General de la ONU intervenga cuando existan indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático. No se trata de un “regaño” protocolario ni de una diferencia de opiniones; es una señal de alarma sobre la magnitud del problema.
La respuesta del gobierno mexicano era previsible, no extraña a nadie. En el “segundo piso de la transformación” se repite la receta del exmandatario tabasqueño: negar la crisis, ponerse a la defensiva y desacreditar al mensajero. En lugar de aceptar la realidad, se acusa de “conflicto de interés” a integrantes del comité y se sugiere intromisión para evitar la auditoría que ya la realidad evidenció.
Por eso vale la pena recordar, la renuncia -obligada- de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda en 2023, que ocurrió en medio de señalamientos sobre la intención gubernamental de modificar metodologías, “depurar” padrones y ajustar informes. El hecho, dejó entrever que cuando en una administración, se discute más la contabilidad que la tragedia, algo está podrido: la prioridad deja de ser encontrar a las personas y pasa a ser “administrar” el costo político del horror.
Ahora, ya con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, se anuncia un “nuevo” Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que continúa con la tendencia marcada por el “líder moral” de la mandataria: Desdeñar el dolor y convertirlo en cifras.
El problema no es modernizar un registro. sino la lógica detrás de la reclasificación: se pretende dar por válidos únicamente poco más de 40 mil casos de los más de 132 mil registrados, y se presume la integración de apenas 3,862 carpetas de investigación. En cualquier país que se tome en serio los derechos humanos, esos números encenderían focos rojos: o faltan investigaciones, o faltan denuncias atendidas, o falta voluntad para reconocer la dimensión del fenómeno. En México, en cambio, se presentan como si fueran evidencia de control.
Lamentablemente, el maquillaje de estadísticas no es novedad, pero sí se ha convertido en método. La presidenta de México ya lo practicaba como candidata: presentaba números que no correspondían con la realidad cotidiana de la gente. Mostraba su corta gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como “muy exitosa” en materia de seguridad. Según sus voceros, repetían una y otra vez que en la CDMX los homicidios dolosos iban a la baja, pero… no hablaban de las cifras de desaparecidos.
El problema es que la calle rara vez concede la narrativa oficial. La realidad golpea con fuerza. Y no solo al gobierno en su descrédito: golpea, sobre todo, a miles de familias que viven el calvario de buscar, denunciar, tocar puertas y volver a empezar. Porque cuando el Estado abandona la prevención, la investigación, la sanción y la erradicación de los delitos de alto impacto, la violencia no baja, se vuelve clandestina.
Reportajes, organizaciones no gubernamentales, gobiernos de otros países y organismos internacionales desmienten, todos los días, el México “feliz” que se pretende vender desde Palacio Nacional.
Las desapariciones forzadas y cometidas por particulares se multiplican, como también se multiplican las excusas: que es “herencia del pasado”, que son “ajustes” estadísticos, que la crítica es “politiquería”, que la ONU “exagera”. Pero ninguna narrativa sustituye el vacío en la mesa ni el expediente perdido en una fiscalía saturada. Y, aunque al gobierno le incomode, la desaparición es el crimen que más desnuda a un Estado: ocurre cuando alguien puede arrancar a una persona de su vida sin consecuencias.
Si el gobierno quiere convencer, no necesita slogans: necesita empezar por lo básico: reconocer el tamaño del problema sin regateos; fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones estatales con presupuesto, personal y capacidades técnicas; crear incentivos reales para que fiscalías investiguen y judicialicen; robustecer los servicios periciales y forenses para reducir el rezago de cuerpos sin identificar; y, sobre todo, proteger a las familias buscadoras, que han tenido que hacer del duelo un oficio ante la indiferencia institucional. Nada de eso cabe en una conferencia mañanera; todo eso, define la estatura moral de un gobierno.
En estos días de Semana Santa -que, al menos en el calendario cultural del país, invitan a la pausa y a la conciencia- convendría recordar que gobernar es mucho más que ganar elecciones, presumir encuestas o blindarse entre leales. Gobernar es cargar con la verdad, aunque incomode; es poner a las víctimas en el centro, aunque resten votos; es aceptar la mirada internacional cuando el Estado no ha sido capaz de garantizar lo elemental: que una persona no desaparezca sin rastro.
Política y activista
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