Arrancaron las campañas electorales para los gobiernos estatales y el reto que tienen las candidatas no es menor, dado que es la primera vez que se ha concretado la posibilidad de encabezar el Poder Ejecutivo local, gracias al acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que obligó a los partidos políticos a postular cuando menos siete mujeres para dichos espacios, acuerdo impugnado por los mismos partidos, que por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), última instancia jurídica, ha significado un avance en materia de paridad.
Solo a golpe de sentencias, como diría la ex magistrada Carmen Alanís, se han quitado algunos obstáculos enraizados en las dirigencias partidistas, pues aunque en los discursos hablan de igualdad y paridad, en los hechos -limitando recursos económicos y humanos, incluso ejerciendo violencia política- aún son evidentes las resistencias a reconocer nuestras capacidades y a enarbolar nuestras causas; aún continúan las discriminaciones y los prejuicios contra todo lo que implique dejar a una mujer en la libertad de tomar decisiones de gobierno.
Sin duda alguna, la mayor parte de las candidatas son mujeres preparadas, con trayectoria de éxito en su ámbito de desarrollo y que cuentan con las credenciales para ejercer, de manera eficiente, honrada y con sensibilidad, el ejercicio público; tienen méritos propios que las convierten en las mejores cartas de los partidos. Nada les ha sido regalado.
Ignoro las razones -imagino las motivaciones- que detonan la falta de acompañamiento de los dirigentes a las militantes que buscan abanderar al partido y su plataforma en el proceso electoral, y optan buscar perfiles externos de mujeres que no hayan tenido alguna historia partidista, sin el ánimo de desacreditar a otras contendientes. Lo cierto es que, gracias a la reforma de la paridad total del 2019, las poblaciones estatales tienen amplias posibilidades de ser gobernadas por una mujer. Veamos.
En Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional, tiene todas las posibilidades de triunfo, a pesar de las embestidas que ha recibido por parte del gobernador, también panista (cuya historia de vida se ha caracterizado por ser un opositor interno y externo), empeñado en desprestigiarla, sin tener la autoridad moral para hacerlo, dándole argumentos a los opositores para atacarla.
Anabell Ávalos Zempoalteca, designada como candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala (PAN, PRI, PRD, PS y PAC), con una trayectoria política de más de 30 años, representa la alternativa para que este estado pueda ser gobernado por una mujer. Hay que reconocer que su trabajo ha logrado acortar la diferencia con respecto a la candidata de Morena.
Claudia Anaya Mota, abanderada de la coalición "Va por Zacatecas" (PAN, PRI, PRD), se convierte en la esperanza de las y los zacatecanos por tener más oportunidades de mejorar sus condiciones vida y de desarrollo; un gobierno más incluyente para todos los sectores, con más obras, acciones y proyectos para todas y todos.
Estas tres mujeres han obtenido las candidaturas, las han construido con sus triunfos y sus derrotas, con trabajo, empeño, capacidad, entrega y bajo sus propias circunstancias. Muy equivocados están quienes piensan que solo están cubriendo una cuota de género para cumplir con una obligación impuesta por la autoridad electoral. Debe quedar claro que nadie les ha regalado esta oportunidad.
Estamos en momentos de definiciones para hacer realidad que la presencia femenina en los gobiernos locales para llevar a cabo un trabajo complementario de bien común para los gobernados. No debe entenderse como una lucha entre hombres y mujeres, sino como una oportunidad para colaborar en la construcción de un mejor orden social.
Adoptar la igualdad de género para la competencia electoral debe dejar de ser un acto mediático de los partidos políticos. Es urgente que se nos dé una participación real y no de palabra; un acto solidario puede hacer la diferencia.
Diputada federal
